A pesar que El Salvador ha avanzado en la seguridad pública, no se ha esforzado por mejorar el clima de confianza y seguridad jurídica, lo que mantiene la inversión extranjera por debajo del resto de los países centroamericanos.
En 2023 El Salvador captó un flujo de $759.7 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR); y aunque ese monto es tres veces más (a la cifra ajustada) de $170.8 millones que recibió en 2022, no deja de ser el menor flujo de toda la región; es decir, que el país sigue a la cola de la atracción de capital foráneo.
Expertos señalan a la inseguridad jurídica y a la falta de políticas públicas más allá de la apuesta por el Bitcoin como los factores responsables de la caída en la Inversión Extranjera Directa (IED). La disminución en la criminalidad no compensa la desconfianza generada por la actual administración.
Los mismos expertos consideran que la política de seguridad que ha hecho a Nayib Bukele inmensamente popular dentro y fuera del país continuará siendo su punta de lanza, su `moto´para propaganda, pero El Salvador también exige nuevas políticas que ayuden a reducir la pobreza y los bajos ingresos de los trabajadores.
Una vez superado un problema grave, el de la violencia, parece haber llegado el momento de utilizar todo ese inmenso poder que ha aglutinado como líder para resolver problemas estructurales.
La deuda externa ha alcanzado su máximo histórico, ronda el 88%. Y una cifra que resulta todavía más reveladora: se tiene que destinar cerca del 30% del presupuesto a pagarla. El Banco Mundial considera que siguen existiendo problemas como la necesidad de promover reformas para lograr una sostenibilidad fiscal.
A mayor seguridad, más inversión debería tener un país, pero ese no es el caso de El Salvador.
Según el economista de derecha Rafael Lemus, “Cuando un empresario extranjero ve eso dice: ´aquí han destituido jueces, han quitado al fiscal. ¿Qué me garantiza que no me puedan quitar mis propiedades, que no me vayan a iniciar procesos penales injustos?’. Por eso es que deciden no invertir en este país, porque aquí no se respeta la Constitución ni las leyes».
Otro conjunto de factores que generan desconfianza en los inversores es que El Salvador es un gobierno al que no le alcanza el dinero. Por ejemplo, ha aumentado el gasto público en casi un 50 %, eso obliga a la administración Bukele a endeudarse aceleradamente. Asimismo, El Salvador también ha disminuido sus reservas internacionales. El conjunto de irregularidades e inseguridad política y económica ha llevado las evaluaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional a no ser las más promisorias.
Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele ha buscado, como «Plan B» el acercamiento con la República Popular China (RPC), que podría comprar la deuda externa, y de cooperantes no tradicionales como la Federación de Rusia, el mundo islámico con países como Turquía, Marruecos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, lo que no es del agrado de las instituciones financieras occidentales, ni de los organismos o países cooperantes.
La situación no pinta un paisaje alentador para el gobierno salvadoreño, al que la cuerda de la «Seguridad» se le va acabando poco a poco.
