26 mil inocentes detenidos y 241 muertos en cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción

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Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario denuncia que, durante los dos años del régimen de excepción en El Salvador, se han detenido arbitrariamente a 26,250 personas que no han cometido ningún delito, mientas que se han contabilizado 241 muertes en las cárceles, entre ellas dos niños.

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia, informó en una entrevista televisada que se ha arrestado a 79.184 personas, lo que representaría el 75% de los pandilleros en el país, por lo que faltaría por arrestar al menos unos 25.000, aunque «no todos» se encuentran ya en El Salvador, dijo. 

La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, criticó la «improvisación» del régimen de excepción, que está en vigor desde el 27 de marzo de 2022 a petición del presidente Nayib Bukele tras el asesinato de 87 personas en tres días y que se ha prorrogado hasta en 24 ocasiones en la Asamblea Legislativa. Así, lamentó que esta medida que suspender varias garantías constitucionales, entre ellas, la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, no solo está sirviendo para capturar a delincuentes, sino a «gente inocente» que incluso está muriendo en las prisiones. 

«A esta fecha, no tenemos los rostros ni los nombres de estos delincuentes de las pandillas que dieron la orden de matar a 87 personas en el fin de semana más sangriento de la historia de El Salvador tras la posguerra», censuró Escobar, quien reveló que hay cerca de 500 denuncias de personas fallecidas en los centros penales durante el régimen de excepción, si bien su organización ha confirmado 241, de los cuales dos son niños y 14 mujeres. 

La activista de oposición detalló que, en 2022, fallecieron 102 personas privadas de libertad, mientras que en 2023 esta cifra se elevó a 116 y en lo que va de año ya han perecido 21. «El Estado de El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad, dado que el 44% falleció por muerte violenta (torturas) y otro 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente, que llegó con enfermedades previas y no se les dio el tratamiento», tal como le sucedió «a dos mujeres que desarrollaron cáncer dentro de los centros penales». 

Como ejemplo de los tratos crueles y humillantes que sufren los reclusos en el marco del régimen de excepción, Escobar desveló que un preso que estuvo en la cárcel de Izalco aseguró tras ser liberado que la «bienvenida» al centro de detención fue pasar por una cancha deportiva de 50 metros donde «los custodios, que son agentes del Estado, les deban golpizas con las macanas (porras) al punto de llegar a matar gente». 

La directora de Socorro Jurídico Humanitario criticó el hecho de que el fiscal general de la República y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos resten importancia a las personas fallecidas en las cárceles bajo el argumento de que no hay pruebas científicas de que haya habido muertes violentas o negligencias médicas. «¿Cómo es posible que en el primer mes del régimen de excepción hayan fallecido 48 jóvenes de entre 20 y 27 años y la causa de muerte, según los hospitales y medicina legal, sea muerte natural?, preguntó Escobar, quien cree «imposible» que una persona a esa edad pueda morir de un paro cardíaco si entró sano a la cárcel. Concretamente, el 52% de los fallecidos tenía menos de 40 años, el 35% más de 40 y el 13% se desconoce su edad. 

En estos casos, considera que «muy probablemente, hubo tortura y corresponde al fiscal investigar de oficio». Asimismo, agregó que presos que han estado en la cárcel de Mariona desvelaron que los custodios les prohibían incluso orar asegurándoles que en la prisión el único Dios que había eran los guardias penitenciarios, quienes empujaban a los reclusos contra un muro. 

NUEVE DE CADA DIEZ FALLECIDOS NO SON PANDILLEROS

Otro de los datos relevantes del estudio de la citada organización, según destacó Escobar, es que «el 94% de las víctimas mortales del régimen de excepción en las prisiones no era pandillero, frente al 6% que sí lo era», teniendo en cuenta que la inmensa mayoría «no tenía tatuajes alusivos a las pandillas, ni antecedentes policiales, ni penales, sino que tenía una comunidad que los abrazaba». 

«Nosotras hemos investigado uno a uno esos casos y no hay pandilleros, sino sindicalistas, estudiantes, jornaleros, trabajadores, amas de casa, comerciantes, predicadores, pastores y trabajadores en general que fueron acusados injustamente de ser pandilleros», denunció, al tiempo que señaló que también llegaron a arrestar a una persona con discapacidad mental que finalmente fue liberada, gracias a la presión de esta organización. 

A esta situación hay que añadir, según apuntó Escobar, que la justicia del Estado de El Salvador está «masificando los juicios», hasta el punto de que Villatoro ha advertido de que van a meter a 2.000 personas de una estructura en un mismo proceso judicial, lo que supondrá, en opinión de la directora del Socorro Jurídico, que «van a ir justos por pecadores». 

Por estos motivos, avisó de que su organización no se va a callar y va seguir denunciando que en los centros penitenciarios de El Salvador «se están cometiendo delitos de lesa humanidad contra población carcelaria detenida arbitrariamente, entre ellos, arrestos ilegales, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas, porque hay mucha gente que no sabe dónde está su familiar tras ser detenido». 

Ante esta situación, exigió al Estado que «investigue todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas», al tiempo que pidió al Gobierno que «restablezca el estado de derecho en El Salvador y se levante la medida del régimen de excepción, porque es inconstitucional».

Por su parte, la abogada de Socorro Jurídico Humanitario, Jayme Magaña, remarcó que está bien que los policías y militares «se lleven a quienes forman parte de esos grupos terroristas (pandillas) y se queden con todos los mareros y criminales que quieran tener», pero pidió que liberen a quienes no han cometido ningún delito porque «saben que son inocentes y que no tienen pruebas». En esta línea, dijo que cada vez que su entidad denuncia un caso «deja en evidencia lo sinvergüenzas que son al tener a gente inocente presa». 

Por ello, anunció que ya tienen dos casos preparados de personas inocentes criminalizadas para denunciarlos ante la Fiscalía de El Salvador, entre ellos, el de un preso que murió «vapuleado y torturado», si bien «nos dijeron que murió de muerte natural», al igual que sucedió con un segundo joven. De este modo, aseveró que «tenemos que decirle al Estado que mató a estos muchachos porque son asesinatos y no estamos dispuestas a que nos digan que fallecieron de muerte natural cuando tenemos las pruebas». Si la justicia del país no da una respuesta, anunció que recurrirán a organismos internacionales en los que tienen previsto llevar más casos.