La ley que autoriza bonos por $900 millones debe ser derogada por la próxima Legislatura

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La aprobación para que el gobierno emitiese bonos por $900 millones de dólares es una de las más aberrantes violaciones a la ley patrocinadas por un partido político.

Al FMLN le hacía falta un voto para los 56 que requiere la ley para aprobar  la emisión  de bonos, su esperanza era que cuando tocara a la diputada del partido Gran Alianza Nacionalista GANA, votar, su decisión se viera reflejada en el tablero electrónico para satisfacción del ministro de Hacienda Carlos Cáceres y el Comisionado Presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, pero no fue así.

Sandra Salgado, por convicción o por interés, decidió a última hora darle la espalda al FMLN y a su mismo partido y no votó por el proyecto de ley para la aprobación de los $900 millones en bonos. El Tablero electrónico registro 55 votos favorables lo que según la Constitución de la República ponía punto final a la voracidad y a la sed de endeudamiento del gobierno, al menos durante el corto plazo que quedaba a la Asamblea saliente.

Sería hasta dentro de seis meses, de acuerdo al artículo 143 de la Constitución, que el proyecto podría ser considerado de nuevo.

Artículo 143., Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses.

La decisión de la diputada Salgado le arrugó las facciones a Cáceres y Hasbún pero no fue por mucho tiempo.

Las maniobras de reacción inmediata del partido FMLN y GANA  junto con las de los enviados de casa presidencial, con la complicidad del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, encontraron la salida: el presidente Reyes no declaró rechazado el proyecto e insólitamente propuso que se votara de nuevo.

En el ínterin la diputada Salgado fue, prácticamente expulsada del hemiciclo y nombrado su suplente, se volvió a votar como si nada hubiera pasado, aprobando el nuevo endeudamiento por $900 millones que de seguro contribuirán a engordar muchos bolsillos de los que están haciendo daño al gobierno de Sánchez Cerén.

Una forma tan vulgar de violar la ley solo puede  calificarse de corrupción. Mejor que digan en qué se invirtieron los más de $200 millones que obtuvieron con la venta de nuestro oro, que digan por qué no hay medicinas en los hospitales, porqué ni la Fiscalía General de la República ni la Policía nacional Civil, PNC poseen los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Faltan pocos días para que se instale la nueva Asamblea Legislativa, nos parece que lo primero que deben hacer si es que el pueblo los tenga como legítimos es derogar esa ley que fraudulentamente se aprobó violando el artículo 143 de la Constitución de la República.