Editorial.-
Pocas horas después que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia hiciera una arenga política contra el actual gobierno del Brasil, el presidente Sánchez Cerén, con la prudencia del caso, desmintió al funcionario afirmando que su gobierno no está pensando en romper relaciones con el país carioca.
A raíz de las declaraciones del Gobierno salvadoreño contra el Estado brasileño, el gobierno interino del país sudamericano, que preside Michel Temer, emitió un comunicado en el que acusó abiertamente a su homólogo salvadoreño no conocer la institucionalidad brasileña ni mucho menos los alcances del balance económico comercial favorable cien por ciento, qué decir, el trescientos o quinientos por ciento a El Salvador.
Las declaraciones de Chicas más parecían del vocero del FMLN que de la presidencia de la República.
Chicas, en su ‘metida de pata’, aseguró que el Brasil, al recordar ese aspecto de sus relaciones con nuestro país, estaba chantajeando a El Salvador. Chicas reconoció la dimensión de la cooperación brasileña, pero recalcó “No por eso podrán comprar los principios democráticos de la presidencia bajo la bandera del FMLN”. Suficiente para que el gobierno brasileño, presidido por quien sea, tome sus palabras como una ofensa.
“La cooperación no puede ser utilizada como herramienta política para chantajearnos en materia de principios democráticos. Este gobierno, este pueblo salvadoreño, tiene un enorme sentido de dignidad y también tenemos un enorme compromiso y un alineamiento con la democracia”, dijo Chicas en el canal oficial de propaganda televisiva del Estado.
Lo que en síntesis dijo el gobierno de Temer es que aquí se desconocen las leyes y la Constitución de la República Federativa del Brasil, así como las realidades que rodearon la separación de la ex guerrillera izquierdista Dilma Rousseff del poder para ser juzgada por las leyes comunes de su país.
Nadie ha destituido a la Rousseff, simplemente la han puesto a la orden de la justicia, lo que por ahora ni siquiera es soñado en El Salvador.
Cualquier secretario de Comunicaciones sabe que es al ministro de Relaciones Exteriores a quien corresponde formular declaraciones que adquieren carácter internacional, o por lo menos si se hace, hacerlo debidamente autorizado.
Lo menos que puede hacer un vocero presidencial cuando el mismo presidente lo pon en entredicho es renunciar a su cargo, esos son los riesgos de tener la boca tan grande.
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