Las distribuidoras de energía eléctrica del país esperan que el gobierno de la República les pague unos 55 millones de dólares que les debe desde el mes de junio 2016.
El impago de las cuentas del Gobierno ha provocado que la deuda de las distribuidoras con otros países, como Guatemala y Costa Rica, que atienden la demanda insatisfecha de los salvadoreños con sus propias fuentes energéticas, suspendan el flujo eléctrico que tanto urge a la industria nacional.
La cuenta del Gobierno ha crecido debido a que, aparte de lo adeudado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que son unos 50 millones, se suman otros 5 millones de dólares consumidos por la Policía Nacional Civil (PNC), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las escuelas del sistema público.
El órgano Ejecutivo se niega a realizar los pagos que le corresponden, a pesar de haber reducido o suspendido el subsidio a la energía eléctrica dos veces en el último semestre.
Las distribuidoras esperan que, con el ahorro que se ha recetado la Administración Sánchez Cerén, el Gobierno pague sus cuentas pendientes y se pueda salir del impago a las distribuidoras y productoras de energía de Centroamérica.
