Motorista que mató a empleado de la CSJ podría haber estado al servicio de Eugenio Chicas dicen familiares

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Víctor Manuel Urías, el motorista de casa presidencial que el pasado viernes atropelló a un abogado de la República, provocándole la muerte, podría haber estado al servicio del Secretario de Información de casa presidencial Eugenio Chicas.

Una fuente cercana a los familiares de la víctima dijo que el motorista Urías podría haber estado al servicio de Eugenio Chicas en la Secretaría de Información de casa presidencial ya que en capres los motoristas son  asignados indistintamente a las dependencias de la misma.

Chicas defendió abiertamente al empleado de casa presidencial mientras que a la víctima, que resultó ser un abogado de la República al servicio de la Corte Suprema de Justicia, la trató con frases peyorativas llamándolo “indigente”

“La intención peyorativa del funcionario demostró su menosprecio no solo a la vida de los salvadoreños sino que a un sector de la sociedad carente de recursos económicos como son los indigentes” dijo una persona allegada a la familia de la víctima.

Urías fue acusado por la Fiscalía de homicidio culposo (no intencional) en el abogado José Rafael Zelaya González, de 48 años, ante el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango.

El juez Segundo de Paz de Soyapango decidió calificar inicialmente de homicidio culposo a Urias sin tomar en cuenta el agravante de haber escapado del lugar de los hechos. Esa sola circunstancia es impedimento legal para otorgar cualquier tipo de medida que favorezcan al imputado; sin embargo, el juez, luego de señalar un periodo de instrucción de cuatro meses, ordenó la detención de Urías y lo mandó a las bartolinas del batallón presidencial.

 

 

La fiscal explicó que en el inicio del proceso judicial el imputado  no será acusado por otros supuestos hechos que se dieron en la escena como la sustracción de documentos y  prendas del atropellado.

“Los documentos y la ropa  de la víctima se perdieron. Me imagino que la hipótesis que se proponían hacer pensar era que se trataba de un indigente y de esa manera manejarlo peyorativamente”, dijo la abogada María Isabel Castro,    acusadora particular.

La muerte del profesional, quien trabajó 24 años en la  Secretaría General de la Corte Suprema, ha provocado críticas e indignación entre la población al grado de algunos sectores de la sociedad están demandando su destitución del cargo

La intención peyorativa del funcionario ha sido considerada por la población como una demostración de menosprecio no solo a la vida de los salvadoreños sino que a un sector de la sociedad carente de recursos económicos como son los indigentes,