“La investigación nuestra se mantiene en el ámbito administrativo”, aseguró el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés a periodistas que le preguntaron sobre las acciones que su ministerio ha seguido por la desaparición forzada de tres jóvenes en 2014, atribuida recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia a una patrulla militar bajo su cargo.
El pasado 16 de enero, la Sala de lo Constitucional responsabilizó al Ejército de la desaparición forzada de los tres jóvenes en febrero de 2014 en la zona occidental del país.
El alto tribunal respondió así a un recurso de hábeas corpus presentado por los familiares de los desaparecidos y ordenó al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía retomar las investigaciones del caso, por el que resultaron absueltos seis militares en 2015.
La resolución de la Sala relata que los militares amenazaron a las víctimas con sus armas de equipo, fusiles M-16, y que los llevaron a una zona controlada por una pandilla rival de la que tiene presencia en donde ellos habitaban.
Los desaparecidos son Oscar Oswaldo Leiva Mejía, de 23 años de edad, Francisco Javier Hernández Gómez, de 20 años, y José Fernando Choto Choto, de 22, quienes fueron detenidos, por supuestamente ser pandilleros, por unos seis militares en la localidad de Armenia.
La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo que anuló los fallos de dos tribunales que absolvieron a los seis militares acusados de las desapariciones.
El Gobierno niega tener militarizada la seguridad ciudadana y asegura que el uso de 10.400 soldados es “coyuntural”, debido a la ola de violencia que causó tasas de homicidios de 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.
Recientemente el representante de la ONU en El Salvador, Christian Salazar, señaló que El Salvador ha avanzado en la lucha contra la violencia de las pandillas, pero ve con recelo el uso del Ejército en funciones de seguridad ciudadana.
También el congresista estadounidense, James McGovern, se mostró preocupado durante su visita al país por los casos de brutalidad policial y militar denunciados.