El diputado oficialista Guillermo Gallegos aseguró a periodistas que más de 800 personas que fueron arrestadas «injustamente» durante el régimen de excepción que se implementa en el país para combatir a las pandillas han sido liberadas.
Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, reconoció el lunes que «se han hecho detenciones que no debían haberse hecho».
«Sí reconozco, y lo he dicho en otras ocasiones, que puedan haber capturas que no debían haberse hecho, pero el sistema al final falla a favor de estas personas y al día de hoy (…) se han liberado a más de 800 personas», señaló Gallegos.
Partidos políticos de oposición y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han presentado miles de denuncias sobre supuestas violaciones a derechos humanos, específicamente por detenciones arbitrarias, sin que la Procuraduría General de la República (PDDH), encabezada por Apolonio Tobar, realice cuestionamientos en defensa de los equivocadamente detenidos.
Según los opositores al Gobierno de Nayib Bukele y organizaciones civiles, unas 3 mil denuncias de posibles detenciones arbitrarias por la Policía y militares, incluyendo la detención de al menos seis lideresas comunitarias, han sido reclamadas.
Además, a pesar que la Constitución Política de El Salvador prohíbe labores de Seguridad Pública al Ejército, las Fuerzas Armadas son responsables del 16,2 % de las detenciones, mientras la Policía nacional Civil (PNC) ha realizado la mayoría de estás (76,8 %) y las restantes por equipos combinados de ambas instituciones (5,6 %), según datos oficiales.
Gallegos aceptó también que en las cárceles salvadoreñas hay gran hacinamiento por la cantidad de personas detenidas, «Sí puede haber hacinamiento. Es una realidad por la gran cantidad de reos que se están acumulando, (que son) pandilleros más los reos comunes (personas que no pertenecen a pandillas)», dijo.
Según el controvertido diputado, al hacinamiento «se le dará solución muy próximamente con la construcción del (un nuevo) centro penal».
Las declaraciones de Gallegos fueron ofrecidas en respuesta a un informe firmado por la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, que investiga “afectaciones al derecho a la vida” por parte del gobierno salvadoreño contra personas capturadas durante el régimen de excepción.
Las autoridades de Seguridad reportan la captura de cerca de 50.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas.
