El gobierno de la República entregó el miércoles una solicitud para prorrogar por novena vez al régimen de excepción, pero en esta ocasión la solicitud fue acompañada una propuesta de reformas a la Ley Especial Antiextorsiones para sancionar a quienes paguen a organizaciones criminales por medio de la extorsión.
Los ministros de la Defensa, René Merino Monroy y de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se hicieron presentes a la Asamblea Legislativa para entregar las peticiones al presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.
Las dos reformas solicitadas tienen objetivos diferentes, la primera busca incorporar el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales”, para sancionar con prisión de 5 a 8 años a empresas, directivos, representantes legales “catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador” que paguen extorsión. Dicha solicitud contrasta con recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele que aseguró en redes que el Estado salvadoreño tiene bajo su control el total del territorio nacional, pues de ser así los empresarios no necesitarían pagar ningún tipo de extorsión por fuerzas sin poder para demandarlo.
Por otra parte, las autoridades aseguran tener bajo prisión a mas de 60 mil pandilleros, con lo que se habría desmantelado la presencia física de los delincuentes en el país.
El hecho de legislar para evitar la continuidad de las extorsiones mientras El Salvador cierra el año bajo medidas de excepción, sería según expertos consultados, una aceptación tácita de que las pandillas mantienen su poder territorial en algún grado.
Según Villatoro, la reforma para incorporar el encubrimiento de extorsión en la Ley Especial Antiextorsiones, permitiría procesar a familiares de pandilleros, “estamos levantando un bloqueo que había que no podíamos procesar a familiares”, aseguró.
