La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la novena prórroga, por 30 días más, de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo, con lo que el país cerrará 2022 y abrirá 2023 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales.
De acuerdo con diputados oficialistas, las suspensiones de derechos «continúan siendo las necesarias en este momento para la realización de las actividades operativas de seguridad».
«Las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza, que se ha evidenciado con ataques y agresiones concretados durante el régimen de excepción que aun transcurre, así como los remanentes de estas que no han sido capturados», reza el decreto aprobado con 67 votos oficialistas y de aliados.
El documentó justifica que «las circunstancias bajo las cuales se decretó dicha suspensión de derechos y garantías aún persisten» a pesar que la escalada de homicidios fue controlada días después de que se decretó el régimen y que a la fecha más de 60 mil personas han sido capturadas bajo sospechas de formar parte de las bandas criminales de las pandillas.
“Hemos recuperado el control del Estado, ahora contamos con autoridad y somos un país fuerte. Estamos transformando la realidad de las familias salvadoreñas”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición al legislativo y justificar la nueva prórroga.
Villatoro aprovechó para responder a los organismos defensores de los derechos humanos que han criticado al gobierno por aplicar el régimen de excepción. “A los enemigos del pueblo, que piden que cese esta medida, quiero decirles que la población no acepta sus propuestas”, agregó.
De acuerdo con encuestas recientes, el 87, 8% de los salvadoreños aprueban el desempeño del presidente Nayib Bukele, y el 89,5% avala el combate a las pandillas. Según otra investigación de la ONG Fundaungo, el 89,8% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción, lo que constituye un aumento del nivel de aprobación porque en junio era de 83,7%.
