Gobierno busca subir salarios a costa de un presupuesto de 2017 desfinanciado

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El Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el Presupuesto General de la Nación para el 2017, el cual esta nuevamente desfinanciado y asciende a 4.857,8 millones de dólares. Con ese presupuesto, el Ejecutivo “pretende responder las demandas” salariales de los trabajadores públicos, informó la Presidencia en un comunicado.

Según la misiva enviada a los medios periodísticos, con un tono de propaganda, “esta proyección de los ingresos y egresos de las finanzas del Estado se elaboró manteniendo como principio la defensa de los intereses de la gente, pues se garantizan los programas sociales y la profundización de las acciones que están llevando seguridad a los territorios”.

La nota agregó, sin dar mayores detalles, que el presupuesto “permitirá responder a las demandas de los escalafones (aumentos salariales) en la medida de las reales capacidades de financiamiento del país y estableciendo prioridades”, dejando en duda las demandas realizadas horas antes por los mayores sindicatos de servicios públicos.

El presupuesto contempla 97,1 millones dólares más que el presentado para el ejercicio del 2016, el cual es de 4.957,8 millones del dólares, un 5 % más que el del ejercicio anterior, que también estuvo desfinanciado en unos 500 millones de dólares, según economistas expertos. Además, el crecimiento económico para el presente año no llegará ni al 2 %, por lo que se espera la situación económica del país empeore.

El Gobierno presentó el Presupuesto de la Nación un día después de que sindicatos de trabajadores públicos de salud, educación y de la Policía marcharon por las principales calles de San Salvador para pedir a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto, si este no incluía partidas para pagar sus reivindicaciones.

El sueldo base de los médicos contratados a tiempo completo es de 969,15 dólares, la mayoría es contrada por horas al día, ganando menos de la mitad; mientras que el de los educadores es de unos 570 dólares y el de los policías de 424 dólares, aunque estos últimos reciben bonos extras unas cuatro veces al año.

El Ejecutivo admitió recientemente que la situación de las finanzas públicas lo ha llevado a una situación de “impago” de su deuda de corto plazo, de más de 1.000 millones de dólares.

A esta situación se suma la incapacidad que tiene el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén de pagar a partir de octubre las pensiones de la mayoría de los jubilados, una responsabilidad de la que fue salvado momentáneamente al permitirle meter las manos en un fideicomiso de ahorro de los fondos de retiro de los trabajadores.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador, a julio pasado la deuda de corto plazo, que es principalmente en Letras del Tesoro, ascendió a 929,90 millones de dólares, y el total de la deuda pública salvadoreña hasta julio pasado era de 17.175,38 millones de dólares.

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