La agencia Fitch Ratings mejoró el jueves la calificación de incumplimiento de emisor de El Salvador de ‘RD’ a ‘CCC+’, a la vez advirtió que el canje de la deuda de pensiones constituyó un impago y hay un estrecho margen fiscal del Gobierno salvadoreño.
En un informe borrador, la agencia aplicó primero una baja a la calificación de riesgo después del canje de la deuda de pensiones porque lo consideró un impago. Esta operación le dio capacidad de pago al Gobierno y volvió a subir la nota.
La mejora en la calificación, según Fitch, se debe también a la “finalización exitosa” del intercambio y pago de los bonos con vencimiento en enero de 2023. Esto refleja la “opinión de Fitch de que otro evento de incumplimiento ya no parece probable, pero sigue siendo una posibilidad real a la luz de la capacidad de pago comprometida”.
En febrero de este año, pocos días después de que el gobierno informara que había pagado a tiempo $800 millones de bonos, Fitch actualizó la calificación crediticia de El Salvador y lo bajó un peldaño más del nivel donde lo tenía desde febrero de 2022, pues pasó de estar en CCC a la casilla de los países con CC un año después.
La nota de ‘CCC+’ refleja una mejora en las posiciones de liquidez fiscal con relación a sus anteriores análisis, aunque los márgenes “siguen siendo estrechos” y la Administración del presidente Nayib Bukele sigue con acceso restringido al mercado internacional y con alta dependencia a la deuda de corto plazo.
Pensiones
La ley especial que disolvía el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), emitida en diciembre de 2022 por la Asamblea Legislativa, le dio un plazo de 120 días al gobierno para saldar una deuda millonaria que tiene con los trabajadores, que le han prestado forzosamente fondos para pagar las pensiones del sistema público. El plazo venció el pasado 30 de abril y el gobierno no informó sobre el pago de esa deuda ni como se pagaría.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), hasta marzo de 2023 son $6,184.64 millones los que el Estado adeuda a los cotizantes de las AFP, quienes a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) han sido obligados por ley a prestar esos fondos al gobierno para atender compromisos previsionales.
El pasado mes de febrero, Fitch advirtió que había un riesgo de impago con el canje de la deuda emitida en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
El nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía hasta el 30 de abril para definir las nuevas condiciones y plazos para la sustitución de los CIP, según el margen de 120 días que dio la ley aprobada por el oficialismo.
En su reporte, Fitch señala que el Gobierno concretó el canje de los CIP por los CFT el 28 de abril a través de tres series: A, B y C.
La agencia detalló que la Serie A replica los términos de los CIP reestructurados en la reforma de pensiones de 2017, con vencimiento a 24 años y un rendimiento de 4.5 %. En este segmento se encuentran emitidos más de $6,200 millones de ahorros de pensiones.
En tanto, la Serie B coincide con los CIP emitidos después de la reforma de 2017. Incluyen $2,200 millones, con un vencimiento de 44 años y un rendimiento de 6 %.
La Serie C tiene un rendimiento de 7 %, con un extensión del vencimiento a 50 años e incluye cuatro años de gracia.
Las condiciones de canje de los CIP por los CFT “Constituye un incumplimiento de evento bajo los criterios de Fitch”, señala la agencia en su comunicado.
“El canje implicó un cambio adverso en los términos vía la extensión de vencimientos y la adición de un período de gracia a la mayoría de los valores públicos en cuestión”, agregó.
Fitch opina que el intercambio tenía como objetivo reducir las necesidades de financiamiento del Gobierno central en un contexto de estrictas restricciones de financiamiento.
