La Fiscalía General de la República aseguró este martes que el expresidente Elías Antonio Saca y la supuesta red de lavado de dinero a la que lo vinculan, habrían blanqueado $191 millones del aproximado de $300 millones.
Mario Machado, abogado defensor de Saca y de su ex secretario privado, Elmer Charlaix, lamentó que el juez de la causa, Rigoberto Chicas, impusiera reserva a las diligencias aduciendo que eso afecta la transparencia del sistema judicial.
Refiriéndose a lo que llamó incongruencias y ambigüedades que aparecen en los datos aportados por la FGR, Machado dijo que “La Fiscalía debería tener una cuantía y una realidad de lo que ellos dicen, cuáles son gastos ilegales y cuales son gastos legales”. Para el abogado existen fondos señalados a la administración Saca (2004-2009) que son justificables por la discrecionalidad de la Presidencia de realizar ciertos gastos.
Uno de los fiscales del caso señaló ayer en el segundo día de la audiencia preliminar por presunto lavado de dinero y otros delitos, que el resto de los fondos habría sido lavado por medio de cheques.
Mario Machado dijo al respecto que en el período del exmandatario se pagaron servicios con cheques como la reparación de aparatos de aire acondicionado, mientras que los pagos de sobresueldos de funcionarios y la operación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) se hicieron con dinero en efectivo.
“Tiene que aplicarse toda la normativa de contabilidad gubernamental y todas las normas de transparencias para que el ciudadano esté seguro que sus fondos públicos son utilizados para actividades del Estado”, aseguró el fiscal del caso, al enfatizar que en los fondos públicos no existe la discrecionalidad, sino que la legalidad.
La Unidad de Prensa de la Corte Suprema de Justicia hizo referencia al artículo 133 del Código Procesal Penal, que establece que de oficio un juzgador puede decretar que una audiencia sea privada total o parcial.
