Fiscalía demanda al exsecretario de Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la República (FGR) demandó el jueves ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro a Alexander Segovia, ex secretario técnico de la Presidencia durante el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), por supuesto enriquecimiento ilícito en más de un cuarto de millón de dólares.

«La FGR ha presentado una demanda civil contra Alexander Ernesto Segovia Cáceres y su grupo familiar, acusados de enriquecerse ilegalmente con 279,555,80 dólares», indicó la entidad en X.

La publicación indica que «Segovia y su familia no han justificado varios depósitos en cuentas bancarias, compras de vehículos, compra y venta de inmuebles, entre otros rubros».

De acuerdo con lo informado, la Fiscalía solicita a la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador que la totalidad del dinero sea reintegrada al Estado e indica que únicamente a Segovia se le reclaman 173,702.27 dólares.

Mientras que a sus familiares, Ana María Jiménez de Segovia y Elisa María Segovia Jiménez, se reclama que reintegren 54,328.33 y 51,525.20 dólares, respectivamente.

Una serie de procesos civiles contra exfuncionarios, que han sido denunciadas como «persecución política» por la oposición, se han generado en El Salvador a raíz de hallazgos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investiga sus patrimonios.

Los funcionarios deben realizar ante esta sección una declaración de su patrimonio al ser nombrados y otra al césar sus funciones. Los actuales funcionarios no han cumplido con hacer la declaración.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ que han derivado en causas penales se encuentran las de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Funes, que gobernó el país con la bandera del histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), vive en Nicaragua desde 2016 y recibió la nacionalidad de ese país.

El experiodista ha sido condenado en materia civil y tiene abiertas otras causas penales por acusaciones de malversación de más de 351 millones de fondos estatales y de actos de corrupción en la construcción de una represa.