Asamblea Legislativa renovó por 27 vez el régimen de excepción de Bukele

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La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una nueva prórroga del régimen de excepción, que suma ya 28 meses en vigor desde su primera aprobación en marzo de 2022, como parte de la estrategia de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

El régimen de excepción se volvió a prolongar por 30 días en todo el territorio nacional desde el 10 de junio hasta el 9 de julio de 2024, con los votos de 57 de los 60 diputados del partido oficialista y sus aliados.

La única diputada del partido VAMOS votó en contra y los dos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se abstuvieron.

El gobierno de Nayib Bukele considera que es necesario mantener las medidas extraordinarias para continuar su estrategia de seguridad y movilización de fuerzas policiales y militares, una política que es fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias y muertes de presos bajo custodia del Estado.

El estado de excepción vigente desde hace casi dos años y medio suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo el régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

En la realidad, cualquier salvadoreño puede ser detenido sin derecho a tener abogado ni asistencia legal de manera indefinida.

Más de 80,500 personas han sido capturadas, según cifras del gobierno, aunque en su inmensa mayoría permanecen en prisión sin una sentencia judicial en contra. El gobierno aceptó que tuvo que liberar a unos 7,000 detenidos hace más de un año por falta de pruebas en su contra, las cifras no han sido actualizadas.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, la Asamblea Legislativa también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia como integrante de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.