El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, reclamó el jueves no haber recibido respuesta del Gobierno tras pedir dinero y recursos para investigar los casos de “justicia transicional” luego de la derogación de la Ley de Amnistía que impedía ver los casos de la agresión comunista que sufrió El Salvador durante el conflicto armado.
Meléndez, quien participó en el foro “Impunidad, Pasado y Presente”, organizado por la Embajada de Canadá en el país, señaló que a la Fiscalía General de la República (FGR) “cada día se le exigen nuevos retos, incluso tareas que no corresponden a la institución, pero no se brindan los recursos adecuados”.
En el foro, centrado fundamentalmente en cómo afrontar la justicia tras la derogación la Ley de Amnistía, vigente desde marzo de 1993 hasta su anulación en julio del 2016, el fiscal insistió en que la FGR asume que la investigación de casos ocurridos durante la guerra civil (1980-1992) son su obligación.
No obstante, insistió en que lo “complicado es saber cómo se va a asumir, debido a la carencia de medios y del tiempo transcurrido”.
Para Meléndez, “no solo la FGR tiene que actuar, sino también otras instituciones públicas, como el Gobierno o el Congreso, a las que se consultó sobre sus gestiones al respecto, pero nunca respondieron”.
Señaló que otra complicación surge a la hora de decidir qué casos investigan, “por cuáles se debe empezar”, ya que “si tomamos un caso con víctimas de la Fuerza Armada, el otro bando de la guerra, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se nos pone en contra, y viceversa”.
Meléndez señaló que es obligación de las instituciones, de la sociedad y de la Fiscalía “romper con la impunidad que daba la Ley de Amnistía y para eso hay que resolver muchos casos; todos los salvadoreños tienen derecho a la verdad y la justicia”.
Explicó que, en un país como El Salvador, con miles de homicidios, extorsiones, robos, hurtos, violaciones, estafas, agresiones y tráfico de drogas, entre otras, “que se incluya un nuevo tema como el abordaje de los crímenes de guerra, es algo que requiere recursos suficientes para tratarlo con transparencia y verdad”.
“Si ya hay dificultades para abordar los casos actuales, qué tan difícil será investigar temas de hace tantos años, para los que no tenemos a la mano la información ni los testigos, y con escasez de presupuesto”, reiteró el funcionario.
En el foro participaron, además, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y el especialista en Justicia Transicional Michael Reed.
Aldana explicó que Guatemala vivió su conflicto a partir del año 1962 hasta 1996, una de las guerras que más duró en América Latina y que dejó aproximadamente 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y un millón de desplazados internos.
La guerra civil salvadoreña finalizó con unos 10.000 desaparecidos y al menos 75.000 fallecidos.
La funcionaria guatemalteca, que llegó al país para contar la experiencia dede Guatemala, explicó que se constituyó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que recibió declaraciones testimoniales de miles de personas, recabó documentos y llegó a la conclusión de lo graves que fueron los hechos de la guerra.
Destacó que “en todo Guatemala se cuenta con 50 fiscales que se encargan de la investigación de estos crímenes de guerra”, dedicados en exclusiva a este tema.
“La ventaja de Guatemala es el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, a petición del Estado, para que ayudara a la desarticulación de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad incrustados en el Estado”, señaló Aldana.
En el año 2007, la Comisión inició sus labores “y empezó en fortalecimiento del Ministerio Público”.
Meléndez, que considera a Guatemala un “gran ejemplo”, no ve factible lograr “tanto” en El Salvador, mientras no se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios.
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