La Asamblea Legislativa pretende aprobar en abril próximo una ley que prohíba todas las formas de explotación minera en el país, dijo el jueves el presidente de la institución, Guillermo Gallegos, quien recibió a unos 500 manifestantes que protestaron por la minería.
La manifestación fue liderada por el rector de la jesuita Universidad José Simeon Cañas (UCA), Andreu Oliva, y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien, nuevamente, hizo un llamamiento a los diputados del Congreso para la pronta aprobación de la ley.
“Estamos aquí para pedirles que tengan la bondad, ojalá por unanimidad, la ley de explotación minera en el país; estamos expresando el sentir del pueblo que está preocupado por la amenaza de la explotación minera que contaminaría todos los mantos acuíferos de la nación”, argumentó el arzobispo.
Gallegos, quien este jueves recibió de parte de la Iglesia católica más de 30.000 firmas de personas que están en contra de la minería, manifestó que el 28 de marzo los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático iniciarán la discusión del anteproyecto de ley, presentado el pasado 6 de febrero por representantes católicos.
“Nuestros mantos acuíferos están en peligro por eso la comisión de Medio Ambiente de está Asamblea Legislativa debe de iniciar cuanto antes la discusión de este anteproyecto de ley que posiblemente será aprobado a inicios de abril”, adelantó el parlamentario.
La disponibilidad de Gallegos fue respalda por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guillermo Mata, quien aseguró que su grupo parlamentario está dispuesto en brindar los votos para la iniciativa de ley.
“Nosotros como FMLN nos comprometemos hoy a aprobar está ley que cuenta con todo el respaldo de nuestro Gobierno que en reiterada ocasiones ha manifestado no a la explotación minera”, apuntó Mata.
Por su parte, el diputado de la oposicitora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Rene Portillo Cuadra aseguró que “el desarrollo sin dignidad no es desarrollo, por lo que la ciudadanía debe de tener la plena seguridad que como fracción arenera vamos a proteger la vida y el medioambiente”.
“Con mucha firmeza nosotros vamos a proteger la vida de los seres humanos y el desarrollo del medioambiente por eso vamos a darle nuestro apoyo”, agregó Portillo.
El pasado 6 de marzo, la Iglesia católica se unió al llamado de diversas organizaciones ambientales de El Salvador que, en reiteradas ocasiones, han pedido eliminar todas las formas de explotación minera en el territorio.
El anteproyecto de ley presentado por dicha Iglesia contempla 11 artículos y tiene como objetivo “preservar para las generaciones actuales y futuras la riqueza del país, incluyendo el agua, los bosques y la biodiversidad”.
Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.
Un sondeo de la UCA, realizado en 2015, reveló que un 77 % de la población que vive en los municipios amenazados por la minería metálica exigen al Gobierno de El Salvador tomar medidas inmediatas para prohibir dicha industria.
