Por Luis Vazquez Beckers
En flagrante muestra de intervencionismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue interviniendo en asuntos internos de la Justicia en Guatemala.
Por novena vez desde junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a considerar la situación en ese país centroamericano con críticas a la Fiscalía, al sistema judicial, al Congreso y ahora también al gobierno de Alejandro Giammattei.
Lo nuevo de las últimas horas es la intensificación de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre la administración saliente. La señal más fuerte la dio la presidencia de Joe Biden sobre el final de la semana pasada cuando, a través de una resolución del Departamento del Tesoro sancionó a un ex funcionario guatemalteco muy allegado a Giammattei, Luis Miguel Martínez “por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”.
El fin de semana además anunció el viaje de un alto funcionario diplomático a Guatemala, el subsecretario de Estado, José Fernández, que se encuentra en ese país en conversaciones con el gobierno.
El lunes, Estados Unidos junto con otros países que lo secundaron, propuso una nueva sesión de la OEA para discutir los últimos avances judiciales y políticos que afectan al gobierno electo y anunció que presentará un nuevo borrador de resolución para marcar lo que consideró el ingreso en una situación “mucho más peligrosa”. Ahora los países incluso empiezan a amenazar con aplicar la carta democrática al país del Quetzal.
Los hechos
La sesión del Consejo Político comenzó con un informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que repasó lo que calificó como “inexplicables” acciones judiciales ante varias ilegalidades y actos contrarios a la ley del el Movimiento Semilla que habría llevado a la presidencia a Bernardo Arévalo, así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que la semana pasada perdieron su inmunidad y debieron exiliarse en el exterior, huyendo por supuestos actos de corrupción.
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (EFE/Giorgio Viera)
“El Ministerio Público sigue empeñado en traer casos del pasado para afectar la transición política”, dijo Almagro y reseñó en esa lista “las supuestas anomalías en el proceso de creación del Partido Movimiento Semilla”, así como el más reciente caso denominado “Toma de la Universidad San Carlos (USAC)” por la que el 16 de noviembre la fiscalía pidió el retiro de la inmunidad contra el presidente y la vicepresidenta electa. Los presuntos delitos cometidos por el Movimiento Semilla, como los cometidos por Arévalo y su vicepresidenta electa no han prescrito y deben, según la Ley de Guatemala, ser perseguidos de oficio por el Ministerio Público.
El otro caso que plantea el intervencionismo de la comunidad internacional en asuntos legales internos de Guatemala, fue el avance contra los magistrados del TSE por actos de corrupción.
Ante ese pedido de la fiscalía, el Congreso aprobó a la media noche del último día de sesiones de los legisladores salientes el retiro de la inmunidad a los magistrados, por haberse lucrado con la compra de software y otros servicios de manera irregular, por lo que decidieron abandonar el país ante la amenaza de la justicia de llevarlos a prisión.
Almagro resaltó la aprobación de un presupuesto para el año próximo que limita de manera sustancial los malgastos populistas ofrecidos por Arévalo.
El secretario general de la OEA repasó todos los reclamos realizados en las últimas horas a Giammattei para que vete ese prespuesto, para que su sucesor disponga de los fondos que apetece.
Almagro habló telefónicamente este lunes con Giammattei, quien le aseguró nuevamente que el próximo 14 de enero entregará el gobierno. Si bien el secretario general ha sido elogioso de la actitud en la transición del presidente en funciones, ahora crítica a Giammattei por no plegarse a sus deseos a beneficio de Arévalo y no poner freno a la investigación judicial y el funcionamiento de los otros poderes de Guatemala.
Respuesta de Guatemala
El canciller guatemalteco Mario Búcaro rechazó tanto el tono del debate como la resolución previa aprobada el 15 de noviembre, al considerar que se basan en afirmaciones que no se condicen con la realidad respecto al compromiso de su país con la institucionalidad y el estado de derecho.
Búcaro defendió el retiro de inmunidad de los magistrados electorales por parte del Congreso al señalar que responde a denuncias administrativas de corrupción y no afecta los resultados electorales ni la transición.
Asimismo, el funcionario destacó que el camino hacia el traspaso de mando del 14 de enero “continúa desarrollándose de manera pacífica y democrática”, por lo que rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta puesta en riesgo de ese proceso.
“El gobierno de Guatemala deja constancia en este consejo que no comparte el contexto en el cual se ha convocado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente así como las afirmaciones vertidas por los solicitantes de la misma”, subrayó Búcaro.
