La desmoralizante sensación que cunde entre la ciudadanía que reprueba la deshonestidad política, la notoria delincuencia, en todos sus ámbitos, y las distintas formas de encubrirlas, está pidiendo a gritos medidas excepcionales.
Durante las llamadas dictaduras militares de mediados del siglo XX los delincuentes eran expuestos a la opinión pública de manera tal que los responsables de cometer delitos y faltas pensaban dos veces antes de infringir las leyes.
Los mitos de la época aseguran que la gente podía dormir con las puertas de su casa abiertas de par en par sin temor alguno a los delincuentes. Se llegó al extremo de asegurar que no era cosa de sorprenderse que un policía tocara a las puertas de cualquier vecino para entregarle su cartera con dinero, por supuesto, o cualquier otro objeto que hubiese perdido por descuido o casualidad.
Cuando de faltas se trataba, en los cuarteles de policía existían juzgados especializados que cobraban multas e imponían otro tipo de sanciones “moralizantes” como sacar de las bartolinas a los reos para que hicieran limpieza de las calles y otras labores de ornato.
No había distingos de ninguna naturaleza; personas de la “jailaif” o alta sociedad, que se veían involucrados en accidentes de tránsito, por riñas, por los efectos desastrosos de una mala borrachera de fin de semana o por abuso familiar que no pasaban de ser faltas, se les podía ver, escoba en mano, limpiando las “asquerosidades” de animales y humanos.
Cuando se trataba de delitos que requerían detención indeterminada, los reos se convertían en trabajadores de obras públicas. Muchas de las grandes carreteras que se construyeron en Centroamérica así como hermosos edificios de la administración pública, que aún persisten, fueron construidos con esa mano de obra, buena y barata.
Las administraciones penitenciarias asignaban a los reos que trabajaban en estas obras, un salario mínimo del cual una parte se entregaba a sus familiares “los días de visita”, otra parte se destinaba a los reos para sus gastos personales en los centros de detención penal y una tercera parte más que formaba un ahorro obligatorio que le era entregado el día en que salían en libertad ya sea por haber probado su inocencia o por haber cumplido su respectiva sentencia. Esa era la base de su reinserción en la sociedad.
Ahora por supuesto sería un escándalo que a alguien se le ocurriera algo semejante, son cosas del pasado que no pueden repetirse, pero algo puede hacerse todavía.
Se nos ocurre que hacer públicos los juicios, desde la detención de los supuestos responsables, sean vulgares delincuentes, políticos, funcionarios o integrantes de clases privilegiada, de todos los actos del proceso, hasta la publicación integra de las sentencias, absolutorias o condenatorias, sería una buena medida. En el primero de los casos para que el reo absuelto haga uso de sus derechos si estos fueron conculcados y violentados y en el segundo para que prive el principio de que si hubo delito tuvo que haber condena.
La idea es que se apruebe una ley para dar publicidad a las sentencias emitidas contra la delincuencia común, sean pandilleros o no, contra responsables del delito de fraude fiscal extraordinario o contra narcotraficantes. Con esto se estaría defendiendo la moral ciudadana, se estaría protegiendo la seguridad de todos pero especialmente se estarían defendiendo las arcas nacionales que por ahora son saqueadas a diestra y siniestra. El pueblo conocería quiénes son los delincuentes comunes, los de cuello blanco y los que están enquistados en el poder. Conocería quiénes son los grandes defraudadores.
Entre las sentencias que deban ser publicadas, en primer lugar, estarían incluidas aquellas condenatorias dictadas contra los políticos corruptos porque sus delitos afectan gravemente a los intereses económicos públicos y privados tanto o más que los de los defraudadores fiscales.
El debate dentro de la sociedad civil así como el pre parlamentario y aún en el mismo parlamentario, permitirá conocer posiciones sorprendentes, objetivamente favorables a defraudadores y corruptos.
El principal argumento de quienes defiendan la corrupción y el crimen, será el de que las penas de vergüenza pública son inconstitucionales, que la publicidad de la condena menoscaba el honor del condenado, etc. etc. En todo caso, mal podrían alegar su derecho al honor y a la imagen aquellos que están obligados a conocer el principio de que “ni la ley ni la Constitución pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de sus propios actos”.
En base en este razonamiento cabría pensar incluso en un registro público de ese tipo de delincuentes antisociales, con indudables efectos disuasorios y de prevención. Un escaparate contra la desvergüenza.
Promoviendo el reproche moral, cívico y democrático, en forma proporcional y con límites legales adecuados, sería una forma civilizada de combatir la corrupción, el crimen organizado y sobre todo la impunidad.
La gente tiene derecho a conocer a los corruptos y sus fechorías, a castigarles con el rechazo social. El ejercicio del derecho a la información necesita una publicidad oficial efectiva, completa e inmediata de sus condenas.
Si no lo hacemos, las instituciones obligadas a la investigación y al combate del delito en general pero particularmente la corrupción y el crimen organizado tendrán que enfrentar los efectos de la indignación popular con sus resultados impredecibles y no en muy largo plazo.
Por eso, el reproche ético de la corrupción sistémica tendrá que mantenerse y expresarse mediante un rechazo democrático incuestionable, permanente e irreversible.
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