Editorial: un caso que quedará cerrado, sin reos y sin culpables

0
1964

En una operación calificada de “histórica” La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura  del  mediador de la tregua entre pandillas y ex comandante guerrillero  Raúl Mijango y 17 personas más, acusados de diversos ilícitos relacionados con la tregua, o Proceso de pacificación como la llama el ex ministro de Seguridad y Justicia y ahora titular de la cartera de la Defensa Nacional, David Munguía Payés.

Entre los capturados figuran, además de Mijango, un ex director general de Centros Penales, un comisionado, un inspector y otro sub inspector de la PNC y tres oficiales de la Fuerza Armada. El resto del grupo está constituido por custodios y empleados administrativos de la Dirección de Centros Penales.

Los delitos por los que están siendo acusados son, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Algunos de estos delitos no existían antes de las últimas reformas al Código Penal y los que ya existían han prescrito por su efecto en el tiempo dejando de ser sujetos de acción penal. A ninguno se le juzga en relación  al origen de la tregua.

De ocurrir lo que ya es un secreto a voces, es muy fácil vaticinar que la mayoría de los indiciados serán puestos en libertad dentro de muy poco tiempo a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Fiscal General de la República. Posiblemente solo queden detenidos aquellos a quienes se les atribuye el delito de peculado siempre y que el juez que conoce se quiera correr el riesgo de echarse el trompo a la uña, como se dice popularmente.

Decimos que siempre y que se quiera correr el riesgo porque la figura del peculado es muy compleja, penalmente hablando y teniendo en cuenta que los famosos dos millones de dólares supuestamente malversados y que fueron sustraídos de las tiendas penitenciarias, ya fueron restituidos por el mismo Estado.

El término peculado se emplea en el ámbito del derecho penal  cuando una persona se queda con dinero o fondos que pertenecen al Estado  y que circunstancialmente debía administrar lo que no es el caso.  Si a esto agregamos que el Estado pagó a los acreedores el faltante de los dos millones, tenemos para rato.

Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: qué es lo que se pretendía o qué es lo que se pretende con judicializar un caso que a todas luces va a quedar cerrado, sin reos y sin culpables?.