Las desafortunadas circunstancias que aún rodean el lamentable accidente en el que una camioneta de la Casa Presidencial causó la muerte de un ciudadano salvadoreño y la forma en que oficialmente se han tratado de ocultar los hechos, nos hace pensar que podríamos estar frente un caso como el de “Chappaquiddick”, en los Estados Unidos de Norteamérica, que evitó que el senador Edward Kennedy pudiera ser presidente de esa nación.
Según su propio testimonio, Kennedy condujo el 18 de julio de 1969, (fecha en la cual el ejército salvadoreño, encabezado por el General José Alberto “Chele” Medrano, defendía los derechos humanos de los salvadoreños expulsados de Honduras) un vehículo marca Oldsmobil que accidentó, hundiéndose en las aguas de la isla de Chappaquiddick, en Massachusetts, junto a una de sus secretarias. El presidenciable Senador logró escapar con vida pero dejó abandonada a su suerte a su compañera quien pereció ahogada.
El Senador “Ted” Kennedy abandonó la escena del accidente y hasta nueve horas después de ocurrido este, el día siguiente, el cuerpo de Mary Jo Kopechne y el coche fueron recuperados por los buceadores.
Kennedy no alteró la escena de un crimen, no ordenó desaparecer registros del vehículo, no amenazó a nadie, no escondió la cara ni se protegió con el Poder del Senado; los tribunales le condenaron a una pena de dos meses de cárcel suspendida bajo un solo cargo: haber abandonado la escena del accidente.
El incidente de Chappaquiddick se convirtió en un escándalo nacional, y probablemente influyó en la decisión de Kennedy de abandonar sus sueños presidenciales tanto en las campañas de 1972 como en 1976. Haber abandonado la escena de un accidente le costó a “Ted” no ser presidente de los Estados Unidos.
El accidente del 1 de mayo en La Libertad, en el que participó una camioneta de Casa Presidencial y sobre la que ejercía control el Estado Mayor Presidencial, lleva el mismo camino a convertirse en escándalo nacional.
La forma burda en que se han falseado los hechos, la sarta de mentiras que se siguen tejiendo alrededor, la desfachatez con que se miente en los canales de televisión, solo nos pueden llevar a la conclusión de que lo que se busca, a cualquier precio, es mantener oculto el nombre de quiénes se conducían en el vehículo oficial, quizás porque podría tratarse de una especie de Cappaquiddick que corte las ambiciones presidenciales de algún funcionario.
No es cierto que se trate simplemente de un abuso por parte de un empleado de Casa Presidencial; de ser así a este abusivo ya lo hubieran mandado al diablo con todo y escarnio público.
De tratarse del abuso de cualquier funcionario de tercer o segundo nivel, también ya lo habrían mandado a su casita convertido en el mejor ejemplo de la “transparencia” que pregona la Casa Presidencial.
No, no se trata de un empleado cualquiera o de un funcionario de tercera, ni siquiera de segunda, lo que nos deja con la hipótesis de que debió tratarse un funcionario de primera porque así como continúan manejando la información, solo están poniendo cuesta arriba el futuro político de quien supuestamente se conducía en la famosa camioneta.
El colmo es creer que el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se va a prestar a ese tipo de maniobras. Al menos esperamos que no lo haga.
Decir que los supuestos libros de Registro de Entradas y Salidas de vehículos del Estado Mayor Presidencial no tienen ningún tipo de información sobre la famosa camioneta, es reconocer que la misma jamás entró o salió de Casa Presidencial, lo que la convertiría en una camioneta fantasma. Eso nos da la idea de cuán importante es el o la funcionaria a quien estaba asignada la camioneta homicida y porqué quieren mantener escondida su identidad.
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