Benito Lara afirmó este miércoles en Madrid, España, que la política de “mano dura”, basada en la represión policial, “no ha dado resultados” en la lucha contra la violencia en El Salvador, por lo que ha apostado por una política integral para controlarla.
Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública, explicó este día en Madrid la estrategia del ministerio que dirige en la prevención y lucha contra la violencia.
Lara participa en una tribuna informativa organizada por la Casa de América y la Agencia española de prensa EFE, junto al director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, Javier Herrera García-Canturri.
Lo paradójico, es que el ministro Lara no ha presentado, desde que inició su jefatura de la cartera de Estado de Justicia y Seguridad, un plan claro e inteligible en su propio país.
El Salvador sufre una escalada de violencia que el Gobierno ha llegado a calificar como la más significativa desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en 1992.
La violencia ha venido creciendo ininterrumpidamente desde el fracaso de una “tregua” que fue negociada por el entonces ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, con la anuencia del entonces presidente Mauricio Funes Cartagena, y las más sanguinarias pandillas que controlan bastas zonas del país.
Además, una situación de continuo enfrentamiento entre agentes de policía e integrantes de las pandillas o “maras”, se ha desarrollado, bajo la estrategia delincuencial de que atacando a los cuerpos de seguridad, se logra una medida de presión para “obligar” al Gobierno a negociar prebendas para los líderes de las pandillas encarcelados.
El actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, reconoció el pasado martes que las pandillas superan en número a las Fuerzas Armadas (FAES), reconociendo que en El Salvador operan de manera activa por lo menos 60 mil pandilleros y que con los entornos familiares de los pandilleros la cifra podría alcanzar el medio millón. Además, admitió implícitamente que la FAES ha sido infiltrada por las pandillas.
Benito Lara denunció en España que en ocasiones, la violencia “ha sido manipulada políticamente” y algunas fuerzas han estado interesadas en el fracaso de las nuevas políticas dirigidas a combatirla.
Según Lara, la violencia en El Salvador es un “problema estructural profundo”, y existe la necesidad de combatir no sólo las consecuencias sino también las causas, entre las que incluyó la exclusión de muchos jóvenes y la impunidad.
El ministro Lara dijo que la violencia en el país debe ser controlada a través de una política de justicia, seguridad pública y convivencia con cinco ejes principales: la prevención, el control y la represión del delito, la mejora del sistema penitenciario, el apoyo a las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones.
Asimismo, destacó la importancia de la educación, a la que consideró “clave” como instrumento para desmovilizar a los jóvenes delincuentes.
Ministro Lara reconoce que las pandillas tienen “territorios”
“La delincuencia ha tratado de reaccionar, le estamos disputando el territorio”, dijo Benito Lara al director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, Javier Herrera García-Canturri.
En El Salvador hay lugares donde las fronteras territoriales entre las pandillas es marcada por una calle, como es el caso de la 49 Avenida Sur y la Carretera a Comalapa.
En el resto de la ciudad de San Salvador, los límites son menos definidos, a veces siguen el trazo de calles y avenidas pero, otras, las fronteras son aún menos claras geográficamente y se rinden ante la posesión delincuencial del área.
Desde el final de la infame tregua, el comportamiento de los homicidios presentó patrones de continuidad en al menos 57 municipios del país.
En el país hay colonias donde ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ejército se atreven a entrar, a menos que sea en medio de un operativo de grandes dimensiones y con apoyo de vehículos armados y aéreo.
El Salvador tiene una tasa de homicidios promedio de 32 por cada cien mil habitantes, lo que triplica los que la Organización Mundial para la Salud categoriza como una epidemia de violencia y que por mucho supera el promedio latinoamericano.
El ministro Lara fue comandante de la Guerrilla durante la guerra que desgarró al país por más de veinte años, luego fue asesor jurídico del Grupo Parlamentario del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desde 1997 hasta 2006 y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y de Paz Social.
Siendo diputado del FMLN desde 1997, dejó su escaño en 2014, al ser nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública por el presidente Salvador Sánchez Cerén.