Asamblea Legislativa autorizó a Bukele una décima extensión al estado de excepción

“El régimen de excepción también puede ser aplicado a personas que no sean precisamente pandilleros": Guillermo Gallegos

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El gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele pidió el miércoles la Asamblea Legislativa que aprobara una décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo los remanentes de pandillas que, según el Gobierno siguen delinquiendo en el narcotráfico y el crimen organizado.

“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, manifestó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro al presentar la petición.

La Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en el país en mucho tiempo.

Con 67 votos oficialistas, el Congreso aprobó la solicitud. Sin embargo, diputados de oposición aseguraron durante la plenaria que no hay justificación para mantener por más tiempo la suspensión de derechos constitucionales.

Abusos del régimen de excepcoin

Más allá de la persecución de pandilleros, Guillermo Gallegos, diputado por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) aseguró que el régimen de excepción puede ser utilizado para otros intereses, “El régimen de excepción también puede ser aplicado a personas que no sean precisamente pandilleros y, si están entorpeciendo la libre circulación o bloqueando calles, también van a responder”, dijo.

Las declaraciones de Gallegos implicarían un estado represivo, justificado en el régimen de excepción.

Según la Constitución Política de El Salvador, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Actualmente, la excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir las correspondencias y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Partidos políticos de oposición y organizaciones contrarias al régimen, que se auto proclaman defensoras de los derechos humanos, mantienen reiteradas denuncias por violaciones y abusos a los derechos humanos.

Para la diputada Marleni Funes, del FMLN, “La excepción la han hecho regla general, porque les da réditos electorales y me atrevería a decir que también réditos económicos”.

El ministro Villatoro había asegurado antes de la plenaria que han capturado a más de 62.000 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas, que sumadas a las 36.000 que ya se encontraban en prisión antes que llegara al poder el actual gobierno, dan un cociente de al menos 98.000 presos en el país.

Villatoro arremetió contra los organismos defensores de los derechos humanos que han criticado al gobierno salvadoreño, para justificar la necesidad del régimen de excepción y sus resultados.

El funcionario afirmó que ninguna de estas organizaciones internacionales va volver a El Salvador para decirles cómo tienen que resolver los problemas de los salvadoreños, porque, dijo, ellos están demostrando con números cómo se resuelven los problemas, en referencia a las cifras a la baja de homicidios.

“Está demostrado que la valentía del presidente Nayib Bukele al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriendo dictar la plana, el resultado después de los 30 años es un fracaso rotundo”.

Villatoro dijo que el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios, asegurando que es la cifra más baja de las ultimas décadas. No obstante, en su informe. el funcionario no incluye al menos 120 homicidios de supuesto pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con autoridades.