El gobierno de El Salvador ha “cometido errores” en su guerra contra las pandillas, aseguró a periodistas Felix Ulloa, que probablemente será reelecto como vicepresidente.
Ulloa, que tiene una licencia temporal como vicepresidente mientras viaja con el uso de los fondos del Estado para hacer campaña a su postulación para la reelección junto con Nayib Bukele, defendió el martes los controvertidos resultados de la ofensiva de su gobierno contra las pandillas en una entrevista con la agencia noticiosa norteamericana, The Associated Press, días antes de una elección presidencial que, se espera, ganarán fácilmente.
Ulloa reconoció que en la detención masiva de ciudadanos, realizada por su gobierno, se encarcelaron a miles de personas inocentes, algo que, afirmó sin dar datos ni ofrecer prueba alguna, están corrigiendo.
Desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, después de un aumento en la violencia de pandillas, el gobierno ha detenido a 76.000 personas, más de 1% de la población total del país. Desde entonces, el régimen, que suspendió derechos fundamentales como el acceso a un abogado y conocer el motivo de la detención, ha sido renovada cada mes por la oficialista Asamblea Legislativa.
“No hay ninguna obra humana perfecta… analiza the big picture (el panorama completo)”, dijo Ulloa. “Entiende qué es lo que se está logrando en este país cuando hemos salido en defensa de la población, de los derechos humanos, de los millones de salvadoreños que estaban siendo violados por las estructuras criminales”.
Desde entonces se han liberado apenas unas 7.000 personas de las prisiones donde las autoridades han sido acusadas de tortura y de cometer abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos.
Ulloa señaló que, confirmó que las autoridades pudieron haber pedido a las fuerzas de seguridad que cumplieran con ciertas cuotas de detenciones, arrestando a un número predeterminado de personas, fueran o no culpables y que aún se encuentran detenidas en las diversas cárceles del país, pero, según él, “no era una instrucción de superior ni una política de gobierno”.
Grupos de derechos humanos afirman que más de 200 personas han muerto en custodia desde el inicio de la ofensiva, sin haber sido juzgados ni probados de alguna culpa.
Informes de The Associated Press han documentado que los detenidos son sometidos a audiencias masivas de hasta 300 acusados a la vez. Pocas veces tienen acceso a abogados. Decenas de miles arrestados en la declaración de emergencia siguen en prisión sin haber sido juzgados.
“No hay un estado policial”, dijo Ulloa a la AP. “No existe la suspensión de ninguna garantía en El Salvador. Ninguna libertad pública ha sido suspendida jamás por el régimen de excepción”, dijo, antes de señalar un par de derechos que han sido suspendidos, pero aclaró que no afectan a la gente “honrada” de El Salvador. Las declaraciones las dio a la vez que cientos de soldados armados para la guerra han sido desplegados en la zona norte de San Salvador, desde el bulevar Constitución, Colonia Centroamérica, Satélite, San Antonio Abad y sus alrededores, sin motivo aparente alguno, mas que provocar miedo a las personas que no están dispuestas a votar por el oficialismo.
Ulloa dijo que el estado de emergencia continuará hasta que el gobierno decida que ya no es necesario, sin importar el Estado de Derecho, ni las necesidades cuidadas de que se imparta «pronta y cumplida justicia».
“Nosotros cuando declaremos libre al país de pandillas, de criminales, de estructuras criminales, pues ya no tendrá sentido tener el régimen de excepción”, dijo. En el último mes, el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro aseguró a medios que aún faltan más de 20 mil pandilleros por ser capturados, lo que, al ritmo que las autoridades llevan de capturas de sospechosos, podría durar años.
Ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que su gobierno había negociado con las pandillas antes del aumento de la violencia y del estado de emergencia que le siguió, Ulloa lo negó firmemente, pero prefirió callar ante las recientes noticias que confirman que la Administración Bukele liberó y luego de liberar a Élmer Canales Rivera, alias Crook, intentó pagar mas de un millón 300 mil dólares a un cártel mexicano de la droga para recuperarlo.
También negó que su gobierno haya atacado a la prensa, a pesar de que periodistas, activistas, líderes sindicales y políticos de oposición han dicho que son acosados, espiados e incluso detenidos por el gobierno. Acusó a los críticos de su gobierno de trabajar con los partidos de oposición del país, y a las personas que afirman que sus derechos han sido violados durante la ofensiva, de “tener vínculos con las pandillas”.
Ulloa no respondió directamente la pregunta de AP sobre si él y Bukele buscarían un tercer mandato. Hizo eco del mandatario al decir que la Constitución actual lo prohíbe, pero dejó abierta la posibilidad de que la Carta Magna del país cambie. Ulloa propuso más de 200 cambios constitucionales en 2021.
“Si cambia la Constitución y él quiere hacerlo y la Constitución se la habilita, supongo que estará habilitado”, dijo Ulloa, y añadió que la Constitución actual permite un primer y un segundo término. “El tercero no lo permite la actual. No estoy diciendo que si cambia no puede ser”.
