Una lección para Centroamérica

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El martes 1º de septiembre de 2015 será en definitiva una fecha registrada en los anales de la historia política contemporánea de América Latina y de  Centroamérica en particular.

Ese día, en una votación histórica el Congreso de Guatemala decidió con 132 votos, retirarle la inmunidad al mandatario luego que el MP y la CICIG, el Ministerio Público y un organismo internacional vinculado a las Naciones Unidas, lo señalaran de ser el cabecilla de una estructura de defraudación tributaria.

El antejuicio en contra del presidente fue presentado en la Corte Suprema de Justicia CSJ, que le dio trámite y lo trasladó al Congreso para que decidiera si procedía o no retirar la inmunidad.

Una comisión pesquisidora fue conformada y luego de un día y medio de intensas sesiones elaboró un informe circunstanciado con el que recomendó al pleno del Congreso que era prudente retirar la inmunidad del mandatario.

La fiscal Aldana calificó la situación como “la lucha por la restauración moral de la República” y aseguró que se trata de un largo proceso que apenas empieza y requiere de la participación de toda la ciudadanía.

A partir de ahí el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, perdió la inmunidad constitucional y será investigado, como cualquier hijo de vecino, por un fraude millonario en las aduanas chapinas.

Con  la decisión del Congreso guatemalteco, Pérez se convirtiò en el primer presidente en la historia de Guatemala a quien las autoridades legislativas lo despojan de su inmunidad presidencial para que enfrente la justicia en el marco del principio de igualdad ciudadana contenida en la constitución de la República.

Así las cosas, Pérez Molina tendrá que comparecer a un tribunal especializado para responder, hasta ahora, por el delito de soborno y asociación ilícita en la que ha sido señalada como la más compleja estructura criminal conocida como “La Linea”

Todo mundo comentaba los hechos que ahora enfrenta Pérez Molina pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato, tenían miedo.

Fue necesario que la Fiscal General, Thelma Aldana, con más atributos varoniles que nadie y apoyada por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, asumiera con responsabilidad histórica su mandato como defensora de los intereses del Estado y la sociedad guatemalteca, dando fin a una historia continuada de impunidad en el país hermano de Guatemala.

Pérez fue acusado de liderar una estructura de defraudación fiscal denominada “La Línea” cuya existencia fue revelada el pasado 16 de abril por la Fiscal General que se apoyó en las investigaciones realizadas por la cicig y por lo cual se encuentran detenidos y enjuiciados más de un centenar de personas entre las que sobresale la misma ex presidenta Roxana Baldetti.

En un reciente evento político social al que acudieron la Fiscal Adana y el director de la cicig Ivan Velásquez, fueron ovacionados por el público.

Lo que viene es fácilmente predecible. Luego de efectuarse las elecciones presidenciales el próximo 16 de septiembre, si se da el caso de que no haya una segunda vuelta, Pérez será conminado a presentarse al tribunal que conoce de su juicio y el juez respectivo ordenará su detención sin privación de libertad y la Fiscalía exigirá el cese de las funciones presidenciales de Pérez Molina.

Dado que la vicepresidenta Baldetti también se halla encausada por el mismo delito, será el Presidente del Congreso quien asuma el Poder para trasladarlo al presidente electo el 14 de enero del 2016.

El mismo escenario pero con algunas semanas de distancia, caso de que haya necesidad de una segunda vuelta electoral, se produciría la segunda semana de octubre.

Mientras tanto el pueblo guatemalteco, con su fiscal General a la cabeza, tendrá en su haber la satisfacción de haberle dado la mejor lección de cómo defender la democracia a Centroamérica, “Desde el Suchiate hasta el Darién”, como solía decir Don Napoleón Altamirano, y en general a América Latina. Sí se puede.