Un grupo de familiares de los militares presuntamente involucrados en la muerte de seis curas jesuitas en 1989 intentó llegar a Cancilleria para pedir al Gobierno protestar ante España por “injerencia” ante la intención de este de pedir en extradición a cuatro de los capturados el pasado 5 de febrero. El grupo de salvadoreños fue detenido por un comando de la Unidad de mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC).
Aproximadamente unas 25 personas intentaron llegar a al ministerio de Relaciones Exteriores lo que no se les permitió, sin embargo, una comitiva fue recibida por el ministro, Hugo Martínez, antes de que recibiera a su homologo español José Manuel García-Margallo.
“Nosotros le estamos pidiendo (al Gobierno) que eleve una protesta por las solicitudes de extradición que el Gobierno de España está pretendiendo nuevamente impulsar”, “esta es una clara injerencia ante asuntos salvadoreños”, dijo a periodistas el abogado e hijo de uno de los implicados Carlos Mauricio Guzmán.
El abogado añadió que la Audiencia Nacional de España “no tiene ninguna jurisdicción, ninguna competencia, no es una corte internacional y, por lo tanto, no puede abrogarse ninguna competencia de justicia universal”.
Según los familiares de los militares perseguidos, una “protesta” del Gobierno salvadoreño sería válida porque “esto ya fue decidido y conocido por nuestras autoridades judiciales” en diversas ocasiones desde 1989.
Tras el encuentro, el abogado Guzmán aseguró que Martínez aseguró “trasladará” su “comentario” a García-Margallo, que visita el país centroamericano para reunirse con el presidente, Salvador Sánchez Cerén, y otros funcionarios del Gobierno salvadoreño, quienes abordarán asuntos de interés bilateral, como presión para obtener la captura y extradición de ciudadanos salvadoreños.
Por su parte, Miguel Zepeda, hijo del coronel Juan Orlando Zepeda, exviceministro de la Defensa nacional, dijo a periodistas que no descartan iniciar algún proceso legal contra el juez Eloy Velasco, porque “su actuar no es el mejor” al “querer reabrir casos que están totalmente fenecidos en nuestro país”.
“Si de alguna forma es factible (iniciar un proceso legal contra Velasco) lo analizaremos e interpondremos las denuncias pertinentes”, indicó.
El pasado 11 de marzo, el Gobierno español aprobó solicitar la extradición de los cuatro detenidos, quienes forman parte de los 17 uniformados requeridos por el juez Velasco desde 2011.
Los cuatro capturados por la PNC el pasado 5 de febrero, bajo ordenes del Ejecutivo, fueron el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, mientras que otros 12 requeridos continúan prófugos.
Otro acusado es el exviceministro de Defensa Inocente Montano, quien aguarda en EE.UU. a ser extraditado hacia España.
La noche del 16 de noviembre de 1989, mientras la guerrilla ejecutaba una sangrienta ofensiva contra la institucionalidad del país, un supuesto escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y dio muerte a los líderes intelectuales de la insurgencia comunista, los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López.
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