Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Ante la ya inocultable corrupción que invade nuestro país desde los cuatro puntos cardinales, los políticos, involucrados hasta el cuello en semejantes lodazales, persisten en gritar a los cuatro vientos su “honorabilidad” a pesar de que sus actividades dejan mucho que desear.
No es esporádico que observemos en los medios de circulación, noticias que sorprenden o por lo menos deberían sorprender. La primera y más sorprendente es la que se refiere a la crisis que se vive en las finanzas del estado, contrastando con el vaciado de capitales producido por efecto de maniobras delictivas e ilegales de altos funcionarios, que con toda desfachatez hicieron fortunas en sus épocas como funcionarios. Uno de ellos hasta pretendió regresar al puesto que, para una gente normalmente honrada, significaría sacrificio y limitación e tiempo para dedicarse a sus propios negocios.
Cosas normalmente inexplicables como el retiro de cantidades millonarias en efectivo –probablemente para no dejar rastro de los destinos innombrables de los dineros mal habidos. Estos despreciables funcionarios no han tenido el más mínimo resguardo en involucrar a sus familiares cercanos como esposas, amantes, hijos y quien sabe que más parientes o amigos, que también han salido beneficiados con esos malos procederes.
Actualmente los espectadores de este triste fenómeno circense podemos apreciar cómo, pese a que las declaraciones dirigidas al público hablan de probidad, transparencia, legalidad, y otras innumerables medidas de seguridad y protección de la sociedad salvadoreña, como austeridad, capacidad y otras cosas que no dejan de ser valores no aplicables, regresan a las tradicionales negociaciones para solucionar problemas serios de gobernabilidad.
Se dice por ejemplo que el resultado de negar o no el fuero de un alto funcionario, involucrado en enredos dudosos de armas el gobierno anterior ha sido canjeado con la elección de magistrados de la ineficiente Corte de Cuentas de la República, práctica que ha configurado una nefasta costumbre desde tiempos inmemoriales.
Cierto es que a la mayoría del pueblo, acostumbrada a que no se les toma en cuenta no reaccionan para detener esas prácticas corruptas, porque al final de nada sirven. Y esto debido a que en todos los políticos que gobiernan el país, – o por lo menos así nos parece en la mayoría- existen las mismas características de someter el interés privado sobre el público. Vean si no es una realidad cuando se escogen candidatos para los puestos llamados de elección de segundo grado, donde no se evalúa la capacidad de la persona, sino de cuál partido político proviene.
Es decepcionante entonces darse cuenta que un país que se rige por normas de hecho, descarta el espíritu del legislador al elaborar las normas que deben seguirse para lograr el buen desarrollo de la autoridad social.
De verdad debería ser aflictivo para la salud estatal el hecho de que prácticamente a diario se descubre una nueva forma de corrupción. Que la policía y el ejército estén bajo asedio de los grupos criminales y en ocasiones sean ellos quienes deben defenderse de criminales ya encarcelados, exige buscar una solución pronta y eficaz.
No es posible que un estado tenga vicios que amenacen su estructura y nos conduzcan a ser un estado fallido, que dé al traste con toda una tradición y esfuerzos por ser una sociedad razonable. Es obligación de todos, gobernantes y gobernados, luchar por tener un estado en el que se pueda vivir en un marco relativo de normalidad para desenvolverse.
De no lograrse la armonía social, estaremos poniendo el país a las puertas de conformar una dictadura –de derecha o de izquierda- que imponga orden, aunque ello signifique restricciones temporales a los derechos humanos, en aras de un futuro que si nos permita vivir en paz.
