Por Roger F. Noriega* -The New Herald
Desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llegó al poder en El Salvador en 2009, el partido de izquierda, de orígenes guerrilleros, dio inicio a una agenda de persecución para afianzarse en el poder. El FMLN no solo ataca a la oposición política, también a otros poderes de gobierno, empresarios y organizaciones a las que ve como una amenaza.
Dentro de las tácticas que usa el FMLN se encuentra el espionaje electrónico, práctica que en lo que va del año ha tenido un incremento exponencial.
El primer incidente de este tipo se dio en noviembre del 2009, solo dos meses después de haber iniciado la administración del ex presidente y ahora prófugo de la justicia Mauricio Funes, cuando la Corte Suprema de Justicia reportó una red de espionaje dentro de sus oficinas. En octubre del 2013, el presidente interino de la Suprema Corte, Florentín Meléndez, reportó el segundo caso al denunciar que su teléfono había sido intervenido, presuntamente por el Ejecutivo. Para mayo del 2015 las escuchas empezaron a reportarse en la iniciativa privada, cuando el presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Miguel Ángel Simán, denunció “intimidación electrónica”.
En agosto del 2016 el Fiscal General de la República denunció que tanto él como la institución a su cargo estaban siendo objeto de “persecución y hostigamiento”, refiriéndose a intervenciones telefónicas y al uso de drones para hacer escuchas. Desde el inicio del 2017, el espionaje electrónico ha regresado con mucha más fuerza. Tan solo en enero se ha reportado el hallazgo de aparatos sofisticados de escucha en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) y en FUNDE, una ONG que vela por la transparencia en El Salvador y que representa a la prestigiosa Transparencia Internacional; se cree existen más organizaciones que han encontrado el mismo tipo de objetos pero se limitan a no denunciarlo públicamente temerosas de la represión de que puedan ser objeto.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha negado cualquier involucramiento en estas actividades. El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, declaró el 26 de enero “como gobierno con mucha firmeza hemos condenado cualquier tipo de actividad intimidatoria, de persecución o de violación a los derechos que cualquier institución pueda tener en este país”. No obstante, es prácticamente imposible tomar en serio estas declaraciones, sobre todo cuando dos gobiernos consecutivos del FMLN se han dedicado sistemáticamente a atacar a la oposición y a la iniciativa privada muy al estilo de gobiernos como Cuba y Venezuela, con los que se identifican plenamente.
Es importante recalcar que el gobierno central no es el único que comete este tipo de crímenes. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, también miembro del FMLN, ha sido acusado de financiar y promover ciberataques en contra de medios de comunicación impresos.
Aunado a las intimidaciones, el FMLN también se ha dedicado a proteger a criminales. El caso más notable es el de José Luis Merino, ex guerrillero que ahora funge como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento, y que tiene investigaciones pendientes por narcotráfico y tráfico de armas. También se le vincula directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se sospecha que blanquea dinero para este grupo terrorista. Merino, gracias a la protección del FMLN y de actores tanto en Cuba como Venezuela ha logrado expandir su red de criminalidad en varios países de la región. Merino es precisamente uno de los funcionarios que más ha promovido la intimidación en contra de salvadoreños que buscan sacar a su país adelante por medio de la democracia y políticas de libre mercado.
Que el gobierno de El Salvador diga que condena “actividades intimidatorias” no solo es un chiste de mal gusto, sino un insulto a la inteligencia de cualquier persona que haya observado las tácticas del FMLN desde que llegó al poder.
Hasta el momento, y a casi ocho años de que se denunciara el primer caso de espionaje electrónico, el gobierno no ha encontrado ni castigado los responsables de estos actos de autoritarismo. Quizás porque tendrían que arrestarse a sí mismos.
Por este tipo de abusos y muchos otros cometidos por el gobierno del FMLN, la administración del presidente Donald Trump debe evaluar la ayuda económica que se destina a El Salvador. Las políticas de persecución, la criminalidad dentro del gobierno y la actitud anti Estados Unidos de Sánchez Cerén no pueden ni deben ser respaldadas por nuestras instituciones ni por los impuestos de los estadounidenses. Cuando llegue un gobierno dispuesto a erradicar la corrupción, la impunidad y el autoritarismo como forma de gobierno, Estados Unidos seguramente estará ahí para apoyar la transformación que tanto necesitan los salvadoreños.
* Ex subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador ante la OEA en la Administración del presidente George W. Bush (2001-2005). Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma, Visión Américas LLC, representa a clientes estadounidenses y extranjeros.
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