Grave denuncia del procurador de DD.HH contra PNC y Ejército por ejecuciones sumarias de pandilleros

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El Procurador de Derechos Humanos, David Morales, emitió recién dos resoluciones en las que acusa a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de la República, de cometer ejecuciones sumarias de pandilleros.

La decisión del funcionario no tiene parangón en la historia moderna del país y, si no se trata una mera declaración, bien podría ser la oportunidad tan esperada para depurar de una vez por todas las instituciones de seguridad en el país.

El Procurador Morales se está jugando el todo por el todo, especialmente cuando asegura que los responsables en los casos que motiva su denuncia pertenecen al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esa actitud los jefes policíacos y el ministro de la Defensa debieran actuar con igual firmeza para llevar a buen fin el esclarecimiento de la denuncia.

La situación del Procurador de los Derechos Humanos es verdaderamente delicada. No se trata de simples abusos de la autoridad sino de graves violaciones a los Derechos Humanos concretizadas en ejecuciones extrajudiciales de las que se responsabiliza al Estado.

Morales conoce el derecho y sabe de leyes, por lo que suponemos que a estas horas la denuncia que hizo pública en conferencia de prensa habrá de estar debidamente documentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para ser debidamente judicializada. No hacerlo significaría el acabose de su carrera como funcionario de Derechos Humanos así como de cualquiera otra intención que pudiera estar albergando.

Como no se puede desligar al ejército ni a la policía del aparato del Estado, cualquier responsabilidad será en definitiva de este, lo que deja al funcionario expuesto al abuso y a la arbitrariedad, máxime si los responsables materiales de las ejecuciones denunciadas están de alta en sus respectivos cuerpos.

Tanto el gobierno como los aparatos de seguridad del Estado tienen la obligación de garantizar la seguridad personal del Procurador así como la de sus familiares y de sus bienes.

El Ejército y la PNC, como instituciones, deben aprovechar la valiente actitud del Procurador Morales para limpiar, de una vez por todas, su institución. Los casos de San Blas y de los Pajales no son únicos: Hasta ahora, el Procurador asegura tener abiertos unos 30 expedientes sobre averiguar ejecuciones ilegales en por lo menos 100 personas. Cuando el Procurador dice ejecuciones ilegales está diciendo no hay para dónde, se está refriendo a ejecuciones sumarias llevadas a cabo por agentes del Estado.

Nosotros diríamos que la ocasión la pintan calva y que sería grave error si la Policía y el Ejército no hacen lo suyo para desenmarañar la problemática que esas instituciones vienen manteniendo desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Otro error garrafal sería recurrir a la descalificación asegurando que el Procurador está a favor de los delincuentes terroristas de las pandillas, como suele hacerse en estos casos.

Los ministros de la Defensa y de Seguridad, así como el director de la PNC, Munguía Payés, Ramírez Landaverde  y Howard Cotto, saben mejor que nadie a dónde es que hay que apretar. Conocen perfectamente dónde están los que no deben estar porque ellos participaron en la recomposición de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil y por lo tanto, saben dónde están las deficiencias que han llevado a esta situación previa la firma de los Acuerdos de Paz; ellos están conscientes de que la Policía y el Ejército que tenemos no es precisamente lo que mucha gente aspiraba antes de terminar la guerra.

E VAZQUEZ BECKER