Seis familias de la localidad Santa Cruz Michapa, departamento de La Paz, se vieron forzadas a abandonar sus viviendas por amenazas de pandillas, reconoció el subdirector de la corporación policial, Howard Cotto.
De acuerdo a Cotto, “Tenemos una investigación abierta, creemos que los resultados van a ser muy positivos porque hemos logrado determinar el móvil del hecho en particular.”
El subdirector de la corporación aclaró que no se han realizado capturas de pandilleros relacionadas con las amenazas.
Cotto reconoció que este tipo de sucesos se ha registrado a lo largo del año, principalmente en los departamentos de San Salvador, La Paz y Cuscatlán, sin que las autoridades hayan podido garantizar la seguridad de las personas que se han visto forzadas a huir ante las amenazas de las temibles maras.
Al ser cuestionado Cotto sobre el número total de familias desplazadas aseguró desconocer el dato.
La salida de las familias de sus hogares se dio luego que varias organizaciones sociales acusaran al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado.
El subjefe policial explicó que en una comparecencia en la CIDH el pasado 19 de octubre, durante una audiencia promovida por varias ONG que pidieron conocer cómo se gestionan los desplazamientos internos generados por la violencia, se demostró que “no solo la Policía y el Estado tienen una participación para evitar este tipo de situaciones”.
Añadió que El Salvador “ha visto con buenos ojos” el apoyo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pueda dar, “en función de determinar y focalizar el problema”, porque “eso ayuda a las acciones” que debe tomar la Policía y otras instituciones.
La Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado de El Salvador acusa al Estado de no atender a las víctimas del desplazamiento interno causado por un aumento de la violencia.
La misma sostiene que, entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, 6 de las 12 instituciones que la conforman “dieron asistencia y acompañamiento especializado” en 109 casos de desplazamiento interno que han afectado a 510 personas.
No obstante, las autoridades de Seguridad no manejan públicamente una cifra oficial sobre el desplazamiento interno a causa de la violencia.
Datos del Consejo Noruego para los Refugiados, dados a conocer a inicios de mayo en México, dan cuenta de que unas 289.000 personas han sido desplazadas por la violencia criminal de pandillas y cárteles de la droga en El Salvador.