Partidos políticos y Gobierno se unen para estudiar nueva Ley de Reconciliación Nacional

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Los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa han comenzado a negociar con el Ejecutivo una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Según una fuente, las reuniones son lideradas por la mayoría parlamentaria de la fracción política de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la segunda fuerza política del país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero con una participación intensa de la Democracia Cristiana (PDC) y  Concertación Nacional (PCN). En un menor grado participa la Gran Alianza por la Unidad (GANA).

La nueva Ley de Reconciliación Nacional sería una iniciativa del Ejecutivo  luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstituciónal la Ley de Amnistía General de 1993.

La Ley de Reconciliación o de Amnistía del 93 permitió que se consolidaran los Acuerdos de Paz y evitaron que se juzgaran a los responsables de delitos  de guerra perpetrados por estructuras militares y guerrilleras durante la guerra civil.

La Sala de lo Constitucional, con una clara dedicatoria a los actuales gobernantes y los que gobernaron durante el conflicto armado, también sentenció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que tanto los autores materiales como los mandos son responsables y deben ser juzgados

“Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una ley que se adecue a estos momentos y además elaborar, como parte de esta ley, una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad, pero que además también se dé la oportunidad de que también se perdone”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén en un acto de propaganda gubernamental en el municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad.

Sánchez Cerén ha criticado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, una de las cuales declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993, otra que modificó las reglas de elección de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa y una más que se refería a la aprobación de un préstamos por $900 millones.

“No miden los efectos que pueden tener no sólo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”, afirmó el mandatario.

La iniciativa de crear una “justicia transicional” también fue planteada por los obispos de la Iglesia católica salvadoreña, que dieron su aprobación a la derogatoria de la Ley de Amnistía General porque consideran que abre la posibilidad de la reconciliación al superar la impunidad.

Los obispos, que expresaron su posición en un comunicado oficial, pidieron a los salvadoreños enfrentar esta situación con madurez y serenidad, y dijeron que, si bien ellos también son víctimas, no están tratando de llevar a nadie a la cárcel, “solamente pedimos que se conozca la verdad y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle perdón a quien corresponda”.

El mandatario resaltó la posición de los obispos, asegurando que  “llaman a la cordura, llaman a la tranquilidad, a que no convirtamos este momento en un momento de venganza, de odio, y llaman a que aprovechemos este momento para conocer la verdad, pero también para el perdón”.

Por su parte, el vocero de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, afirmó que aquellos crímenes de lesa humanidad que se cometieron dentro del conflicto, y que la Comisión de la Verdad identificó, deberán ser incluidos dentro de esta ley que se está discutiendo; “no pueden quedar fuera”.

“Nosotros estamos empeñados en el rescate de la memoria histórica, y el rescate de conocer la verdad, de lo que ocurrió en el país es parte del resarcimiento moral de las víctimas”, agregó.

Al derogar la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la Sala de lo Constitucional también le dio vida a la anterior amnistía, conocida como Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador, emitida el 23 de enero de 1992, una semana después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil.

La Fiscalía General de la República dijo que  la derogación de la ley de amnistía general, se podría esperar una “avalancha” de demandas de los familiares de las víctimas y advirtió que el Ministerio Público no está preparado operativamente para investigar y procesar estos casos ocurridos hace décadas.