Iglesia cree que nueva Ley de Reconciliación Nacional sería “bofetada” a víctimas

1
723

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, observó el domingo que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía es adecuada.

El prelado dijo que la derogada ley de amnistía general violó todos los derechos de las víctimas de los crímenes cometidos durante la guerra y añadió que si se piensa en decretar una nueva ley que “evada la justicia…sería una bofetada más a las víctimas y a la sociedad; sería una burla”.

Escobar Alas abordó el tema en conferencia de prensa luego de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana.

Monseñor Alas pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar un mecanismo que le permita a las víctimas del conflicto armado acceder a la justicia, no para buscar venganza sino para alcanzar la verdadera reconciliación nacional.

El jefe de la grey católica dijo también que la derogación de la ley de amnistía general de 1993 abre el camino para la reconciliación y terminaría con la impunidad que se propició con esa amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y que fue promulgada poco después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares y a la comandancia de la guerrilla del FMLN de crímenes de guerra.

Según Escobar Alas, con esa ley no se permitió que se cumplieran los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil, y “se burlaron con esa ley de amnistía general absoluta, que contradice la Constitución de la República, contradice los acuerdos y convenios internacionales, contradice los derechos humanos. Entonces la paz se firmó pero nunca la hemos podido vivir, y las heridas están allí”.

El arzobispo de San Salvador pidió se den los recursos necesarios a la Fiscalía General de la República (FGR) para que impulse un mecanismo que permita alcanzar pronta y cumplida justicia, ya que la semana pasada el Fiscal General, Douglas Meléndez, se quejó de que la institución no cuenta, ni contaría el próximo año, con la asignación presupuestaria suficiente para sus actividades ordinarias, mucho menos para dar cumplimiento a la posible “avalancha” de casos que podría desencadenarse por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

El fiscal general pidió al Ministerio de Hacienda un presupuesto de 80 millones de dólares para el ejercicio 2017, pero la respuesta fue que recibiría los 43 millones con que opera este año, ni un centavo más.

La Conferencia Episcopal informó en un comunicado que la derogatoria de la amnistía presenta la oportunidad “para que nuestra sociedad sane sus profundas heridas”, pero es necesaria la justicia restaurativa en favor de las víctimas y que también es conveniente que se aplique la justicia transicional que posibilite llegar a la paz verdadera.

Comments are closed.