Una comisión de la Asamblea Legislativa acordó ampliar hasta 2018 una serie de “medidas extraordinarias” que dieron inicio a una ofensiva contra las pandillas y endurecieron el régimen de seguridad en seis cárceles en 2016, informó el oficialismo del FMLN.
El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) detalló en un comunicado de prensa que la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad acordó la prórroga, con el apoyo oficialista y tres partidos satélites y minoritarios con los que tienen los votos necesarios para su aprobación en el pleno, el próximo jueves.
La decisión fue tomada sin la venia del único partido de oposición, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que ha pedido una revisión de las medidas, criticadas por otros sectores sociales, empresariales y defensores de derechos humanos.
“Estamos convencidos de que nadie detendrá este esfuerzo, que de manera patriota las fuerzas democráticas en el Congreso hemos logrado aprobar este día”, sostuvo el diputado del FMLN, Misael Mejía.
Las medidas contemplan la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos y traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad.
Las mismas se aplicaron en los recintos de Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y el de máxima seguridad, en Zacatecoluca, que alberga pandilleros y desde donde ordenaban homicidios y extorsiones.
Recientemente, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que las medidas “deben continuar” si “han funcionado y han surtido efecto, como lo han informado las autoridades”, que reportan una disminución de más de 20 puntos en la tasa anual de homicidios en 2016.
En contraposición con la iglesia católica, el viernes pasado, un conglomerado de iglesias evangélicas y luteranas, acompañados de familiares de pandilleros, solicitaron al Congreso que no se prorroguen porque “están permitiendo que se violenten los derechos humanos” de los reclusos y sus familias.
El secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró ayer que los pandilleros buscan dialogar y negociar con el Ejecutivo porque están “desesperados” ante las “medidas extraordinarias” que los tienen “arrinconados”.
La MS13, las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 y otras minoritarias son acusadas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.
Según el presidente Salvador Sánchez Cerén, en su Gobierno “no hay espacio para diálogo” o para “treguas” y “no queda otro camino” para combatir a las pandillas que la “guerra”.
