Niños inmigrantes en la mira de Donad Trump

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WASHINGTON — Inconforme con la inacción del Congreso para eliminar “resquicios legales”,  la Administración Trump propuso este jueves eliminar el “Acuerdo Flores” de 1997, para así facilitar la detención prolongada de niños inmigrantes mientras se tramitan sus casos, pero activistas de la comunidad inmigrante advirtieron de una extensa batalla en los tribunales.

Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS), publicaron conjuntamente hoy una propuesta para enmendar el acuerdo, suscrito en 1997 con el objetivo de proteger a los niños inmigrantes de una detención prolongada y en condiciones inadecuadas para menores.

El acuerdo fue el resultado de una batalla legal iniciada en 1985 a raíz de la detención niños indocumentados no acompañados que emigraron de Centroamérica a EEUU en esa década. La medida estableció las normas sobre las condiciones de detención y trato de niños inmigrantes, haciendo énfasis en la unificación familiar.

En el marco de su combate contra la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump y diversos miembros de su Gabinete han insistido en que el acuerdo es uno de varios “resquicios” legales que, a su juicio, alientan la inmigración ilegal y que el Congreso debe eliminar.

Pero el Congreso, bajo control republicano pero dividido en el campo migratorio, ha hecho caso omiso a la exigencia de la Administración Trump, por lo que ahora ésta intenta lograr por la vía administrativa lo que no ha podido con los legisladores.

El mes pasado, la  jueza federal, Dolly M. Gee, que supervisa el cumplimiento del acuerdo, no solo rechazó la solicitud de la Administración de modificar el acuerdo sino que dejó en claro que el gobierno de Trump tiene obligación de ceñirse al documento que, entre otros elementos, prohíbe que los niños estén detenidos más de 20 días con o sin sus familias.

Las autoridades federales argumentaron hoy que los cambios son necesarios para fortalecer la seguridad fronteriza, porque “más familias están llegando ilegalmente a la frontera sur, con la esperanza de que serán puestos en libertad en el interior del país en vez de ser arrestados y deportados”.

Pero, en declaraciones a este diario, Doris Meissner, la funcionaria que suscribió el “Acuerdo Flores” como comisionada del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización entre 1993 y 2000,  afirmó que la Administración siempre quiso eliminar las restricciones del Acuerdo y establecer la detención de familias, pero “no ha aprendido las lecciones” para poner en marcha un sistema de detención familiar “aceptable”.

“Ahora tenemos este reglamento que marca otra casilla en su lista (de prioridades). Desafortunadamente, todo lo que hemos visto hasta la fecha en las políticas policiales de la Administración es una severa mala gestión y circunstancias terriblemente precarias para niños y adultos” en centro de detención, dijo Meissner, una directora del Instituto de Política Migratoria (MPI).

Los cambios en el acuerdo

A juzgar por un resumen oficial de los cambios fundamentales, la propuesta codificaría algunas protecciones “relevantes” y debilitaría otras.

Los niños podrían ser enviados a instalaciones que no tienen la debida licencia estatal para alojar a menores. Esas instalaciones obtendrían una evaluación de terceras entidades  contratadas por la  Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque el documento no precisó cuáles son.

Además, ICE tendría autoridad para ampliar sus centros de detención para unidades familiares, de manera que padres y niños puedan permanecer detenidos pero juntos en un solo sitio.

En la actualidad, ICE tiene tres “centros residenciales” en el país, con una capacidad total de 3,500 camas. La muerte en mayo pasado de una niña guatemalteca, poco después de que salió en libertad con su madre de un centro de detención en Dilley (Texas), ha puesto los reflectores sobre las condiciones de encierro de menores.

Según la Administración, los nuevos reglamentos cumplirán con el “propósito básico” del “Acuerdo Flores” y garantizarán que los menores bajo custodia federal, como grupo vulnerable, sean tratados “con dignidad, respeto y especial atención”.

La propuesta, que surge después de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur y la separación de más de 2.551 niños de sus padres, estará sujeta a un periodo de comentarios públicos por 60 días, tras lo cual la Administración esperaría 45 días para instituir los nuevos reglamentos, si no hay un litigio para impugnarlos.

Indignación y rechazo

La mayoría de los activistas de todo el espectro político, así como legisladores y expertos legales consultados por este diario, condenaron la propuesta como algo “inmoral” y con alto costo  humano y financiero.

Omar Jadwat, un abogado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU  (ACLU), que ha entablado varias demandas contra la Administración en el campo migratorio, dijo que es “repugnante” que la Administración quiera ingeniarselas “para detener a más niños por más tiempo” ”

“Es completamente lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo, y es otro ejemplo de la hostilidad de la Administración Trump hacia los inmigrantes, que da pie a una política incompatible con los valores humanos más básicos”, afirmó Jadwat, director del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

Otros grupos cívicos, entre éstos “CHIRLA” y el  “American Immigration Council”, advirtieron del “daño irreparable” para los niños y señalaron que hay alternativas más humanas y menos costosas mientras proceden los casos en los tribunales de inmigración.