El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, informó el lunes que 13 miembros de la Fuerza Armada serán procesados por un tribunal de instrucción militar acusados por el delito de “sedición en tiempo de paz”, el cual supuestamente cometieron al tratar de manifestarse para pedir mejoras salariales.
El funcionario reconoció que el ministerio a su cargo ha recibido recientemente $13 millones de dólares pero aseguró que estos serán destinados a la compra de equipo.
Payés, quien se hizo acompañar el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador FAES, aseguró que 6 soldados se concentraron en la capital salvadoreña el pasado viernes, encapuchados (como suelen patrullar) y con las armas de equipo, con la intención de realizar una marcha hacia la Asamblea legislativa para exigir la entrega de un bono que les había sido ofrecido por el mismo Comandante General de la institución armada, Salvador Sánchez Cerén.
Munguía dijo que otros 7 militares de los cuales no citó rango serán procesados porque supuestamente “estuvieron detrás” del fallido intento de marcha de la semana anterior.
El mismo de 250 y 600 dólares les fue entregado a los miembros de la Policía Nacional Civil como compensación por los ataques de que están siendo víctimas por parte de las pandillas y que les ha causado por lo menos 35 agente asesinados a la fecha.
“Los miembros de la institución involucrados en tan infortunado hecho se encuentran detenidos y están siendo sometidos al proceso legal por el supuesto cometimiento (sic) del delito de sedición en tiempo de paz”, expuso el ministro de la defensa.
Munguía Payés aclaró que este delito tiene una pena, según el Código de Justicia Militar, de entre 5 y 10 años de prisión para los “cabecillas”, y de entre 1 y 3 años para los “ejecutores”.
“El caso es ventilado por un juez militar de instrucción (…) y de acuerdo a sus investigaciones este puede ponerse en manos en un juzgado de primera instancia militar que lo maneja un juez civil nombrado por la Corte Suprema”, expuso Munguía Payés.
El funcionario desmintió la acusación hecha por familiares de los soldados de que a estos se les está violando sus derechos humanos.
Los familiares de los soldados arrestados aseguran que a los detenidos no les han permitido visitas personales ni de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para inspeccionar las condiciones de la detención.
Payes aseguró que las acciones tomadas contra los militares son una “correcta aplicación de las leyes que regulan el funcionamiento de la Fuerza Armada”.
El delito de sedición por el cual Munguía quiere procesar a los soldados es un término relacionado con un « levantamiento » contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o una actitud cuyo objetivo es el de querer atentar contra la institucionalidad del Estado.
Cuando se da un caso de sedición como el señalado los militares pueden enfrentar “penas de 5 a 10 años de reclusión para los cabecillas y de 1 a 3 años para los ejecutores”.
Una petición sin observar « los conductos » o canales determinados y la amenaza de realizar una marcha que no llegó a concretarse a lo más que llega es a ser considerada como una falta y como un delito.
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