Por segundo año consecutivo, El Salvador supera la cifra de las 4.000 muertes violentas desde que las pandillas decidieron romper con una polémica tregua, financiada y preparada por el gobierno del ex presidente Mauricio Funes, que redujo los homicidios en casi la mitad, hasta a un mínimo de 2.500.
Según Howard Cotto, jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el 25 de septiembre se registraron 4.129 asesinatos, de los que 424 fueron pandilleros caídos en tiroteos con la Policía.
Este es el segundo año seguido que se supera la cifra de las 4.000 muertes luego de la infame tregua que permitió a las pandillas empoderarse territorialmente.
La tregua, que contó con el beneplácito de la administración de Mauricio Funes (2009-2014), entre el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias entró en vigencia en marzo de 2012, cuando se dio una disminución anual de los homicidios de 59,3 %.
El 2016 continúa posicionándose como el segundo año más violento en la historia reciente del país, solo por atrás de 2015, cuando hubo 14,7 % más de homicidios hasta el 25 de septiembre y un total de 6.657.
Las autoridades atribuyen la disminución de este año al lanzamiento de “medidas extraordinarias” de seguridad en abril pasado, que incluyen el despliegue de un comando elite rural de 1.000 elementos y el endurecimiento del régimen carcelario para las pandillas, pero la reducción apenas ronda cerca de un 10 % menos de muertes acumuladas en lo que va del año.
Un estudio independente publicado la semana anterior señala que la tregua fue uno de los elementos que propició el recrudecimiento de la violencia en 2015.
La tregua, “si bien logró disminuir el número total de homicidios de manera considerable, parece que también contribuyó en parte a gestar las condiciones para la profundización de la violencia en los años posteriores”, concluyó el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide).
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, durante la tregua, “funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos” y “como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario”.
