Los 10.423 soldados incluidos por el Gobierno en labores de seguridad seguirán en las calles al menos hasta finales de 2017, pese a las críticas a la militarización en la estrategia antidelincuencial, de acuerdo con información oficial.
Según el Ministerio de la Defensa, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, amplió la participación del Ejército en la seguridad ciudadana el pasado 23 diciembre, 8 días antes de que venciera el plazo para su despliegue, con la modificación del decreto ejecutivo 260 de septiembre de 2009.
“(…) las causas por las cuales se decidió disponer de la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional Civil en operaciones de mantenimiento de la paz interna persisten en la actualidad”, justificó el jefe de Estado.
El decreto emitido por el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) se basó en el que emitió el expresidente Francisco Flores (1999-2004) en julio de 2003 y que respaldó la implementación del plan “Mano Dura”.
La “Mano Dura” fue una estrategia utilizada entre 2003 y 2009 que dio prioridad a la represión policial con arrestos masivos de pandilleros y jóvenes de los que se tuvieran sospechas de pertenecer a estas estructuras.
“La delincuencia en zonas urbanas y suburbanas en varias zonas del territorio nacional, provocada especialmente por maras o grupos delincuenciales, ha llegado a niveles elevados”, rezan las razones consignadas en el documento del 2003 y que Sánchez Cerén ratificó, sin que se informara públicamente.
El número de efectivos militares en las calles salvadoreñas se ha incrementado en un 89 % desde 2009, primer año en el que El Salvador fue considerado el país más violento del mundo, hasta la actualidad, pasando de 5.515 efectivos a 10.423.
Pese a utilizar el Ejército desde inicios del siglo y el incremento del número de militares en las calles, el vicepresidente, Óscar Ortiz, aseguró en octubre de 2016 que el uso es “coyuntural” y negó que la seguridad ciudadana esté militarizada.
“Nosotros estamos haciendo las cosas como la ley manda y la Constitución da un mandato al presidente de cómo hacer uso coyunturalmente, transitoriamente, de una parte de las Fuerzas Armadas en un momento cuando se requiera un mayor nivel de presencia y de contundencia”, aseguró Ortiz.
La experta en temas de desplazados por la violencia Celia Medrado cuestionó el año pasado, en una entrevista con la agencia española Efe, el “rol protagónico” que está tomando el Ejército en la estrategia de seguridad, que le confiere una “perspectiva militar y no policial”, y que afecta a la población civil.
Recientemente el representante de la ONU en El Salvador, Christian Salazar, señaló que el país ha avanzado en la lucha contra la violencia de las pandillas, pero vio con recelo el uso del Ejército en funciones de seguridad.
