Por Eduardo Vázquez Bécker.- Los ex magistrados de la Cámara Primera de o Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel deben ser acusados, procesados, enjuiciados y condenados por cometimiento de prevaricato.
El término prevaricato especialmente al delito que comete una autoridad judicial dictando, de manera consciente, una resolución que es injusta.
El prevaricato aparece cuando un fallo es, a todas luces, arbitrario y resulta opuesto a lo establecido en legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Quien incurre en esta falta comete un abuso de autoridad y no cumple con las obligaciones adquiridas en el marco de sus competencias.
Para que exista el prevaricato, en definitiva, el responsable debe ser un funcionario o una autoridad que, ejerciendo su cargo, dicta una resolución injusta con dolo.
El dolo es un concepto que se usa en el ámbito del derecho para definir la voluntad deliberada de incurrir en un acto delictivo siendo consciente de su naturaleza ilícita. En otras palabras, podemos decir que se trata de la malicia con la que procede un individuo para engañar a otra o bien de pasar por alto una obligación previamente contraída. El dolo es uno de los requisitos del prevaricato.
Muestra palpable y evidente de ello son los fallos de ambos magistrados, uno en el caso de otro magistrado acusado de agresión sexual en menor incapaz, hecho ocurrido en perjuicio de una niña de 10 años, el 18 de febrero de 2019, en la residencial Altavista, de Tonacatepeque, donde el magistrado Eduardo Escalante fue capturado en flagrancia, acusado de realizar tocamientos en los genitales de la menor.
Los susodichos magistrados Arévalo y Rogel resolvieron en definitiva que los tocamientos efectuados por Escalante en la menor víctima no constituían delito sino una “falta” denominada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público” y no a un delito de agresión sexual, a pesar de que se estaba hablando de una menor e incapáz.
La “grosería jurídica” de los magistrados Arévalo y Rogel los llevó a asegurar que dicho acto “no puso en peligro la intimidad o la libertad sexual de la persona porque fue instantáneo”, por lo que decidieron que el exmagistrado Escalante era inocente y debido a ello este fue absuelto.
Afortunadamente una valiente decisión de la fiscalía general de la república acudió para ante la Sala de lo Penal, misma que resolvió el 2 de junio de 2020 anular la sentencia y declarar la apertura a juicio en otro tribunal. En este caso la Cámara 2a de lo Penal que finalmente ha condenado a Escalante a 10 años de prisión.
Otro caso de prevaricato que no puede seguir impune es la resolución de los magistrados y cómplices del ex fiscal Douglas Meléndez, Guillermo Arévalo y Martín Rogel, que arbitrariamente revocaron las medidas sustitutivas otorgadas a varios imputados en el caso Corruptela.
Los exmagistrados Arévalo y Rogel desestimaron descaradamente que los “testigos criteriados” que el ex fiscal Douglas Meléndez utilizó para montar dicho caso, renunciaron a la calidad de testigos declarado en sede judicial, fiscal así como ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que fueron obligados a dar declaraciones falsas que sirvieron para “fabricar el caso Corruptela”
Los magistrados Rogel y Arévalo Domínguez nunca pudieron explicar por qué ignoraron las confesiones escritas de cuatro fiscales y dos empleados administrativos, que reconocieron haber mentido para armar el caso corruptela por presiones del equipo cercano de Meléndez, entre ellos Jorge Cortez, quien fungía como jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Eso, señores, se llama prevaricato, un delito por el que dichos magistrados, Rogel y Arévalo Domínguez, deben ser procesados de inmediato, antes que escapen de la justicia como ya lo hizo Douglas Meléndez.
Magistrado Arévalo Domínguez entre los más denunciados según la UAIP
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) confirma que el magistrado de la Cámara Primero de lo Penal, Guillermo Arévalo Domínguez, ocupa el lugar 98 de 326 jueces salvadoreños que más acumulan denuncias en su contra.
No solo eso, el sitio web Transparencia Activa agrega que Arévalo Domínguez tiene tres expedientes abiertos desde 2010 en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
