Los negociadores del acuerdo de tregua por parte del Ejecutivo entre las pandillas en El Salvador recuperaron parcialmente la libertad.
El miércoles, el agente Roberto Castillo salió de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC) donde donde estaba resguardado desde los primeros días de mayo, también fue liberado el Inspector de la PNC, Luis Alonso Aguilar Marin.
La semana pasada fue liberado Raúl Mijango, cabeza visible del proceso de tregua, después de cuatro semanas entre rejas. No obstante, el negociador tendrá que presentarse en un juzgado cada 15 días y le han impedido hablar con pandilleros o visitar cárcel alguna mientras dura el juicio en su contra.
Todos fueron detenidos a principios de mayo en el marco de una redada contra 21 personas -negociadores, policías y miembros de la sociedad civil- vinculadas al proceso de tregua con las pandillas, que redujo ficticiamente la violencia un 60% con fines políticos y electorales del entonces primer gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de Mauricio Funes Cartagena, quien habría ordenado se facilitaran fondos y recursos financieros a los cabecillas de los grupos terroristas que se encuentran en prisión.
De las 21 órdenes de detención, 18 ya habían sido ejecutadas pero otros tres funcionarios estaban huidos. Uno de los que estaba en busca y captura, Nelson Rauda, antiguo director de Centros Penales, fue arrestado el pasado lunes.
El expresidente Mauricio Funes permitió la intervención de un grupo de mediadores, que logró beneficios carcelarios para ellos y obtuvo el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.
Entre ese grupo de negociadores estaba Castillo, el hombre que recuperó ya la libertad. No era el más importante pero tampoco un guardia urbano. Era el fiel asistente de Mijango. Hasta entonces Castillo era un agente secreto que trabajaba en la sombra yendo y viniendo a las cárceles, hablando con los líderes o gestionando la entrega de más de 500 armas.
Pero antes de involucrase en la fallida tregua, había sido más cosas. En los años 70 Castillo fue “Camilo”, un destacado guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la misma formación que ordenó el asesinato del poeta Roque Dalton y que conformaría el FMLN. Ambos, Mijango y Castillo lucharon en el mismo bando que otro sanguinario guerrillero, Salvador Sáchez Cerén, hoy presidente de El Salvador.
Poco le ha servido a Castillo haber sido ‘Camilo’. Todo lo contrario. Sus compañeros de antaño lo metieron a la cárcel y su verdadera identidad como policía quedó expuesta en todos los noticieros y diarios del país.
En El Salvador cada día se exhiben, muchas veces con objetivos políticos a los sospechosos, no condenados, golpeados y con grilletes en horario de máxima audiencia televisiva y en medios impresos y digitales. Así que revelar su identidad sería un tema menor si su casa, su tienda y su vida no estuvieran rodeadas de pandilleros, los mismos que durante años se dedicó a perseguir y encarcelar. No pasaron ni 12 horas para que la noticia se regara por el pueblo en el que vive, a media hora de San Salvador, en territorio de las “marero”; y con la noticia, las amenazas. “Mi marido ha trabajado por un país que ahora nos hace esto” decía su esposa Rosi Casillo a periodistas hace dos semanas.
La persecución hacia todo lo que huela a tregua impulsada por el fiscal general, Douglas Meléndez, ha arrasado con los peones del ajedrez de la tregua pero se ha detenido cuando llegó al ministro Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad Pública, o el expresidente Mauricio Funes.
Paradógicamente, el mismo fiscal ha capturado al alcalde de Soyapango, Elías Hernández y a 84 residentes del municipio, a quienes acusa de varios delitos relacionados con una supuesta “minitregua” con las pandillas. A este grupo de personas las tienen apresadas en bartolinas, en condiciones precarias.
Hernández, alcalde llevado a la silla edilicia por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se ha declarado “preso político”. Dirigentes del partido tricolor han manifestado a periodistas que hay que esperar a que el sistema legal del país opere correctamente para deducir si el alcalde ha cometido o no delito alguno.
