CSJ podría rechazar la extradición de militares implicados en el ‘caso jesuitas’

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está estudiando un borrador de respuesta que apunta al rechazo de la petición de extradición formulada por España de cuatro militares involucrados en la muerte de cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, quienes eran líderes intelectuales de la entonces subversión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1989.

Según las informaciones filtradas a la prensa, el documento apela al artículo 5 del tratado de extradición bilateral, que contempla que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y que el periodo para ejercer acciones penales en el caso de homicidios es de diez años.

El borrador está siendo analizado por los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y para la aprobación de cualquier resolución será necesario un mínimo de ocho de los magistrados.

El Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó en marzo solicitar nuevamente a El Salvador la extradición de los cuatro militares, sin importarles la legislación salvadoreña.

En concreto, se ha pedido la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinato y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.

Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en el Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que les reclamara. Los exmilitares fueron detenidos por autoridades de Seguridad Pública, con instrucciones del Ejecutivo, semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.

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