El Magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco, reconoció implícitamente que en la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, no quedaron claros los efectos que está podría producir y llamó a las partes que estuvieron involucradas en la misma a que los analicen con cautela.
Debido a que con ese fallo la Sala de lo Constitucional declaró “inconstitucional” la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto armado, era fácil predecir los efectos que causaría, de ahí que, más que a la población, es a la Sala a quien correspondía actuar con la cautela que pide Blanco.
Con el debido respeto y por la amistad que nos une con la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, consideramos que las declaraciones de Sidney ponen de manifiesto que fueron precisamente los honorables magistrados que suscribieron la sentencia, quienes debieron actuar con cautela y prudencia en la elaboración de la misma sabiendo de antemano las reacciones que dicho fallo iba a provocar en los distintos sectores del país.
Lo que preocupa es que los magistrados sabían de antemano que los iban a llamar golpistas, desestabilizadores, jueces dictatoriales y otras sandeces a las que ya están acostumbrados, al fin que no sería la primera vez que los llamaran de esa manera, y aun así decidieron correr los riesgos que estamos viendo.
Las circunstancias de tiempo y espacio en las que se da la sentencia es lo que nos preocupa. No es cierto que la población salvadoreña en general esté ávida de venganza por hechos que acontecieron hace más de cuarenta años; tampoco es cierto que, como lo dejó entrever el Fiscal General de la República, va a haber una “avalancha” de casos que eventualmente tendría que tramitar el Ministerio Público.
La sentencia se da en un momento en que la violencia criminal en El Salvador sigue siendo una de las más temidas en el mundo, un momento en que las pandillas se enfrentan casi a diario con el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), utilizando las mismas armas y estrategias conque lo hizo en su momento la guerrilla del FMLN; se da en un momento en que económicamente el país va al desastre. En un momento como este, nos preguntamos, ¿era necesario declarar inconstitucional la Ley de Amnistía?
Se equivocan quienes crean que van a ver tras las rejas al presidente Salvador Sánchez Cerén y que para eso era necesario dar carpetazo a la Ley de Amnistía o quienes sueñan con ver sentados en el banquillo a los generales que condujeron la guerra contra los entonces marxistas leninistas dirigentes de la guerrilla. No va a pasar nada, nosotros no vemos esa posibilidad, a no ser que la Corte Suprema de Justicia decidiera, de manera insólita e impopular, acceder a la extradición de los militares acusados como supuestos responsables de la muerte de los sacerdotes jesuitas.
No es cierto pues, ni válido, el pretexto de la verdad, de la impunidad o de la justicia restaurativa, para eso podrían haber esperado otros veinticinco años.
Lo que sí es cierto, y para eso debemos prepararnos, es que la declaratoria de inconstitucionalidad se va a convertir en el detonador de un gran debate nacional, con implicaciones internacionales, que permitirá conocer algunas verdades que vendrían a fortalecer o a deslegitimar a las dos grandes fuerzas políticas del país que se vieron inmersas en el pasado conflicto armado frente a una posible tercera fuerza.
Ese debate nos permitirá conocer las causas reales, las aparentes y los pretextos que llevaron a enfrentarse al enfrentamiento armado de una fuerza menospreciada con uno de los ejércitos más organizados y disciplinados de Centroamérica y sus tristes consecuencias.
Habiéndose agotado el pretexto histórico de la insurrección del 32 y su discurso comunista, solo quedaba un activismo social al que el ejército sabía cómo controlar. De no haber sido por la exitosa revolución cubana, el FMLN no hubiese tenido el éxito que, para la buena suerte de algunos y la mala de otros, tuvo en El Salvador.
Lo anterior nos llevaría forzosamente a conocer las verdades que tanto el ejército como la ex guerrilla se esfuerzan en ocultar y con la cual se vendrá abajo esa torre conceptual que no pudo manejar la fuerza armada y que tan bien utilizó la guerrilla.
Demostraría que los integrantes de la guerrilla y de sus aparatos no eran gente inerme ni cosa parecida y que en determinadas circunstancias se mostraban más fuertes que el propio Estado, por lo cual el tema de los Derechos Humanos se vendría abajo.
El debate podría poner al descubierto las interioridades de la famosa Comisión de la Verdad, engañada y entuturutada muy hábilmente por la Internacional Comunista y sus socios salvadoreños.
En síntesis, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía no va a poner de cabeza al país, pero si puede sacar de sus tumbas a algunos muertos para que cuenten “las verdades” de muchos “vivos”, de izquierda y de derecha, que ahora disfrutan las mieles del poder y que le tienen miedo, pavor a la verdad.
De todas maneras, la cuestión sigue siendo el porqué ahora piden al país que tenga cautela al analizar los efectos de la sentencia si los magistrados de la Sala no la tuvieron a la hora de tomar sus resoluciones.
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