La ONU y la CIDH buscan “intervenir” en ley de reconciliación en El Salvador

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El relator especial de la ONU Fabián Salvioli visitará El Salvador en abril con la intención de “analizar” y “revisar” los avances en la creación de una ley de reconciliación, adelantó el lunes a periodistas un portavoz del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

La fuente indicó que a la visita de Salvioli, relator para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, se sumará la de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ambas instituciones con la intención de intervenir en la soberanía salvadoreña.

Según el portavoz jesuita, que no brindó más detalles sobre las visitas, “ambos organismos internacionales vendrán a analizar y a revisar los avances que se tienen en la creación de una ley de reconciliación”, lo que harían de manera no solicitada por las partes beligerantes en la pasada guerra civil salvadoreña, la República de El Salvador y la exguerrilla, representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional que es estudiado fue propuesto por una comisión especial creada para ello por la Asamblea Legislativa, donde actualmente se somete a debate, después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993.

Dicha comisión también estudia la propuesta presentada por el diputado Rodolfo Parker, del partido Demócrata Cristiano (PDC), que es respaldada por los parlamentarios Mauricio Vargas y Antonio Almendáriz, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Partido de Concertación Nacional (PNC), respectivamente.

La iniciativa presentada por Parker ha sido criticada por personas con intención de bloquear el afan de consolidar la paz luego de treinta años y se hacen llamar defensores de los derechos humanos, promoviendo el odio entre los salvadoreños con motivos mezquinos.

La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de El Mozote, la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980, sin embargo, los gobiernos del FMLN y la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que son de línea izquierdista nunca han permitido se judicialicen los casos de secuestros y abominables asesinatos cometidos por la entonces guerrilla, que suman miles.

Crímenes espantosos como la masacre de “Quebrada Seca”, el asesinato de Roque Dalton y de Isabel Casanova, a la par de los secuestros de Fujio Matsumoto, el sudafricano Archibald Gardner Dunn, los marines de los Estados Unidos en la Zona Rosa, el asesinato de Ernesto Regalado, Mauricio Borgonovo, Roberto Poma, etc., quedarían en la impunidad, de acuerdo a los intereses de los activistas de los Derechos Humanos, la Universidad católica (UCA) y las facciones de izquierda de las Naciones Unidas (ONU).