TEGUCIGALPA, Honduras (Agencias/DL) — En un intento por calmar a miles de “indignados” que constantemente exigen en las calles su dimisión, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aceptó el viernes la propuesta de sus opositores de instalar una comisión internacional para combatir la corrupción e impunidad en Honduras, similar a la que opera en Guatemala desde diciembre de 2006.
La denominada Oposición Indignada aspira a que un tribunal internacional formado por Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos enjuicie a todos los involucrados en la corrupción en Honduras, donde el 62% de sus 8,6 millones de habitantes vive en la pobreza.
“Llegó el momento de dialogar con todos para instalar con apoyo internacional una cultura de transparencia en nuestra nación”, afirmó el gobernante en rueda de prensa. “Si hay hondureños que creen que ese estilo de Guatemala es lo conveniente, bueno, hay que discutirlo… y aprovechar la oportunidad para estructurar una lucha contra la corrupción y la impunidad”.
En Guatemala, un organismo de la ONU provocó la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti por un sonado fraude en las aduanas y organismos de seguridad social, y mantiene en precario la posición del mandatario Otto Pérez.
Hernández se había resistido a hablar del tema con la Oposición Indignada, el movimiento de protesta multitudinario nacido en mayo en las calles de Tegucigalpa y que exige la intervención de la ONU para eliminar la corrupción en Honduras por considerar que el gobierno es incapaz de hacerla.
En la víspera, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, arribó a la capital del país para presentar al facilitador del diálogo, el chileno John Biel del Río, mientras una enorme muchedumbre caminó con antorchas a las oficinas de la ONU en Tegucigalpa tras concentrarse en un pequeño parque al este de la ciudad. La representante de Naciones Unidas, Consuelo Vidal, recibió una comitiva de los indignados.
Bailando al son de tambores y ritmos tropicales, y coreando consignas contra el mandatario, la multitud exigió aclarar lo ocurrido en el Instituto de Seguridad Social, saqueado en más 300 millones de dólares en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
El caso salpicó a empresarios y políticos, incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.
“El propósito de esta 1ma manifestación de las antorchas es lograr la dimisión de Hernández”, dijo Ariel Varela, uno de los líderes de los indignados, a The Associated Press. “Y pretendemos que un tribunal internacional lleve a juicio a todos los implicados en la corrupción del país”.
Varela dijo que por el robo en la seguridad social al menos 3.000 personas murieron en dos años ante la falta de atención médica y de medicamento.
“Esta es la lucha de un pueblo indignado que quiere acabar con la injusticia, la impunidad y la corrupción que nos gobierna, que nos gobernó y que pretende seguir gobernándonos”, subrayó Gabriela Blen, una de las organizadoras del evento. Hizo alusión así a la intención de Hernández de reelegirse pese a que la Constitución lo prohíbe.
Más de 3.000 simpatizantes del depuesto expresidente Manuel Zelaya se situaron por dos horas frente al complejo residencial San Ignacio, al sur de la ciudad -donde vive Hernández- para exigir la dimisión del gobernante. La policía observó a la distancia.
Con un gran poder de convocatoria a través de las redes sociales, la Oposición Indignada ha movilizado multitudes, de las más grandes que se recuerden en el país, y pregonan no seguir ideologías de izquierda o derecha.
Entre los problemas más graves de Honduras figuran la corrupción y la debilidad institucional, lo que lleva a una “impunidad generalizada”, de acuerdo con un reciente informe sobre derechos humanos en Centroamérica divulgado por el Departamento de Estado norteamericano.
Honduras es una de las naciones del planeta con mayores índices de impunidad y violencia, ya que 91% de los delitos cometidos en el país no son enjuiciados jamás, según el Ministerio Público. La tasa de homicidios del país es de 66 por cada 100.000 habitantes.
Mientras, en El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Cerén, sus ministros y el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se niegan a aceptar una comisión internacional para combatir la corrupción e impunidad.
