Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Hace algún tiempo ocurrió un caso emblemático que causo expectativas en la sociedad salvadoreña debido a que se encontraba involucrado un vehículo adjudicado a casa presidencial, y que tomo relevancia porque el procedimiento normal para determinar responsabilidades, fue alterado debido a la intervención de un equipo dependiente de la casa de gobierno, que se presentó al lugar de los hechos, y en forma arbitraría retiró el vehículo involucrado y modificó la escena del accidente, logrando con ello, que el caso quedara envuelto en un misterio y se ocultó –artificialmente – la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos, y se pretendió con ello la clarificación de lo sucedido.
Meses después de los sucesos, una diligente investigación de la Fiscalía, logro determinar en gran parte, y aunque en forma relativamente básica, los hechos. Utilizando métodos de técnica moderna y avanzada, la investigación fiscal, logro determinar de alguna forma que el vehículo involucrado había estado en la zona turística de El Carmen, en Santa Tecla, y posteriormente se había trasladado a las playas de la Libertad a altas horas de la noche, ubicándose en lugares de distracción nocturna, y que son frecuentados por parroquianos que disfrutan de lugares para esparcimiento.
De alguna forma, todo bien, hasta que sucedió un accidente que produjo la muerte de un motociclista, y que lejos de seguirse la investigación pertinente, se procuró el ocultamiento de lo sucedido, y con ello se pretendió evitar la responsabilidad legal de los responsables.
Los medios de comunicación, por su lado encontraron un muro blindado a la información sobre el suceso, con efectos negativos de las instituciones involucradas, en especial de la flamante oficina llamada Secretaría de Transparencia, que en este caso, se portó como una verdadera oficina de ocultación.
Finalmente, la Fiscalía, después de intenso trabajo, logro quitar el velo sobre los hechos, determinando que lo ocurrido implicaba de alguna forma a un nieto del presidente Sánchez Cerén, a quien se asignó el auto involucrado. Además se dio a conocer que los testigos de los hechos manifestaron temor de sufrir atentados para el caso de que tuvieran que declarar sobre el caso, debido a los personajes involucrados.
Comprensible, debido a que de alguna forma, la familia del personaje involucrado tiene un pasado histórico reconocido de violencia alejado de los valores tradicionales de la sociedad moderna. Los hechos acusan sin mucho razonamiento lógico, que debido a los personajes involucrados, estos hechos fueron conocidos por la más alta autoridad del ejecutivo, pasando por el flamante encargado de la transparencia quien también, sin mucho esfuerzo mental, se deduce que tuvo conocimiento desde el momento que sucedió el lamentable accidente.
Entendemos que la naturaleza humana tiende a ocultar los sucesos negativos que se dan en la vida diaria, pero ello no puede permitirse a funcionarios de alto nivel, puesto que son funcionarios públicos, y todo su actuar debe ser transparente ante los ciudadanos.
Lo que hasta ahora se sabe del caso relatado, origina nuevas dudas sobre si ya se conoce toda la verdad, o si se pretenderá atribuir culpas y conductas a los empleados que estarían involucrados, bajo el mismo temor que apremia a los testigos.
Quisiéramos creer que a nadie se le ocurra obligar a inocentes a hacerse cargo de cuestiones y responsabilidades que no tienen, pretendiendo proteger a quien por cuestiones políticas no conviene señalar públicamente. No sería justo y no sería conveniente porque estaríamos atentando contra la justicia.
El pueblo esperaría transparencia y asumir la responsabilidad debida. Como dicen tan frecuentemente: Nadie debería estar sobre la ley.
Actuar con rectitud, podría fortalecer la imagen del funcionario involucrado. Lo contrario solamente provocaría más desprestigio de un gobierno ya suficientemente criticado. Tres ex presidentes en la picota, son suficientes.
