El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), tres de sus colaboradores y tres empleados de la Casa Presidencial afrontarán la audiencia inicial de una investigación judicial el 3 de noviembre próximo, por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, confirmó la Fiscalía.
Saca y sus exsecretarios; privado, Elmer Charlaix; de Comunicaciones, Julio Rank, y de Juventud (luego presidente de ANDA), César Funes, son acusados de formar una estructura que supuestamente desvió 246 millones de dólares del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, empleados de la Casa Presidencial bajo las últimas 5 administraciones del Ejecutivo, incluyendo la actual de Salvador Sánchez Cerén.
La audiencia inicial se realizará en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, que conoció el martes la acusación contra Saca y los otros 6 imputados, a las 10:00 am.
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”.
Detalló que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos 6 millones de dólares fueron blanqueados “vía triangulación” a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios, por parte del exmandatario y Charlaix.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortéz, aseguró que “esta suma puede ir aumentando paulatinamente, de acuerdo con los avances que se vayan teniendo”.
Detalló que la metodología utilizada por los detenidos para “tratar de no dejar rastro y eludir las investigaciones” de los 6 millones fue a través de “transferencias entre cuentas bancarias, retiro en efectivo, y apertura y cierre de cuentas”.
El ente fiscal solo ha podido determinar el destino de estos 6 millones de dólares y desconoce el fin que tuvo el resto del dinero “cuestionado”, además procura ignorar la Ley de la Partida Secreta de la Presidencia, que permitía, antes de ser derogada por la Sala de lo Constitucional durante la administración del efemelenista Mauricio Funes Cartagena, la cual permitía el gasto a discreción y con total secretísmo a voluntad de los mandatarios salvadoreños.
La investigación, denominada con afán de escándalo mediático “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició antes un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 18,7 millones de dólares.
Según el informe, que aún carece de certeza, establece que de una “partida secreta” del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.
A nombre de Saca fueron emitidos más de 15 millones de dólares, otros 497.406 dólares para Rank y 45.000 dólares para César Funes.
