La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha concluido que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara violó la ley 11 días después de su toma de protesta, el 22 de septiembre de 2016.
La funcionaria tiene abierto un juicio de cuentas por haber violado la Ley de Servicio Civil y el Reglamento Interno de la Procuraduría, al contratar a ocho personas en la institución, según el informe “Examen especial a la ejecución presupuestaria de la PDDH del periodo 1 de junio al 31 de diciembre de 2016”.
La Dirección de Auditoría 3 de la CCR no aceptó las explicaciones de la funcionaria y, el 14 de febrero de 2018, la auditoría pasó a juicio de cuentas, fase en la cual la funcionaria puede presentar alegatos en su defensa ante la cámara correspondiente.
Éste no es el primer juicio que enfrenta la procuradora en la CCR. La funcionaria tiene un proceso activo por beneficiar a dos hijastras con un contrato laboral y un incremento salarial durante los primeros meses de su gestión, según una publicación digital del 18 de febrero pasado.
La Procuraduría realizó las contrataciones de manera irregular en las fechas 3 y 10 de octubre, 1 y 3 de noviembre, en el año 2016.
Según la auditoría de la CCR, la Procuradora Caballero de Guevara violó el artículo 18 de la Ley del Servicio Civil, que en su literal c, establece: “Para ingresar al servicio civil y pertenecer a la carrera administrativa se requiere: someterse a las pruebas de idoneidad, exámenes o concursos que esta ley y el reglamento respectivo establezcan”. La funcionaria tampoco sometió a esas ocho personas al proceso de selección, con lo que violó el artículo 20. El artículo exige que el personal que ingresará a la carrera administrativa debe realizarse pruebas de “idoneidad”.
El Reglamento Interno de la Procuraduría, cita la auditoría, obliga a someter las plazas a un proceso de convocatoria, entrevistas, pruebas de idoneidad, verificación de datos y referencias, exámenes médicos, entre otros.
La procuradora tampoco pidió que se cumpliera ese proceso interno. El artículo 11 del Reglamento Interno de la PDDH dice que en el reclutamiento de personal deben presentarse justificaciones como la necesidad de contratar un empleado, hacer la solicitud por escrito y avalar una convocatoria para candidatos potenciales. En el proceso a realizarse en las cámaras, puede desvanecerse el hallazgo de los auditores o confirmarse y declarar una responsabilidad sobre el funcionario cuestionado.
La CCR actual fue elegida en un proceso cuestionado de repartos en la Asamblea Legislativa. Los magistrados actuales podrían estudiar el caso, si una eventual condena enfrenta apelación.
