El magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, dijo el martes en la Radio 102nueve que los magistrados están próximos a emitir una sentencia sobre la Ley de Amnistía.
“Estamos en la discusión del proyecto de sentencia de la Ley de Amnistía, el primer borrador en febrero no pasó, así que se ha trabajado otro proyecto y esperamos tener la sentencia en el mes de julio, nos hemos puesto la meta que antes de la vacación de agosto tengamos una resolución”.
“También está el caso de las frecuencias (que data de 2012), pedimos un informe a la SIGET sobre la distribución del espectro radial y televisivo para ver si hay monopolio, prohibido por la Constitución. El magistrado Sidney Blanco es el más indicado para trabajar el tema de la Ley Antiterrorista; Florentin Meléndez habla del tema Amnistía y el tema de frecuencias lo hemos trabajado, ojalá el tiempo nos alcance para dejar eso ya resuelto, trabajamos en la preparación de los borradores finales”.
Las declaraciones las rindió el magistrado Gonzalez en el popular programa “A Primera Hora”, con el director de la 102nueve, Tony Cabezas y la periodista Verónica Ramos.
El magistrado desmarcó a la Sala de toda responsabilidad en la situación de violencia que aqueja el país, tal como lo ha venido acusando el Ejecutivo y la presidencia del Legislativo, con el coro de la dirección política del partido en gobierno, FMLN, luego de permitir el ingreso de una demanda contra la emisión de 900 millones de dólares en deuda soberana como títulos valores y suspender el acto reclamado mientras sentencian.
“Hay préstamos aprobados para seguridad que no han sido ejecutados (el tema de los brazaletes para los internos es uno de ellos), tuvimos que salir a aclarar ante una actitud muy desleal del Ejecutivo de querer involucrar a la Sala Constitucional, afortunadamente eso no lo cree nadie”, aseveró el Constitucionalista.
Rodolfo González dijo que tras haber escuchado a las partes involucradas (demandantes, Asamblea Legislativa y Fiscalía General), el tema de los 900 millones está listo para deliberación.
Resumiendo, el magistrado González advirtió que en las próximas semanas se podrían conocer las sentencias de casos emblemáticos que en el pasado habrían quedado “engavetados” por tiempo indefinido.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda que busca declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, el 20 de septiembre de 2013.
La ley fue aprobada en 1993 luego de finalizado el conflicto civil que duró más de una década.
La demanda fue presentada por el titular del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, y la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén.
La Sala emitió un comunicado al aceptar la demanda, que decía: “Los demandantes señalan vicios de forma, ya que consideran que la Asamblea Legislativa, al emitir la ley, habría incumplido los requisitos constitucionales del procedimiento legislativo. Así, manifiestan que el procedimiento de formación de la Ley de Amnistía contradice los artículos 85 y 135 Cn., ya que la ley “no fue discutida, ni estudiada, ni analizada”. Lo anterior implica que no se respetaron los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo, y ello afectaría la validez de toda la ley.”
En su momento, Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional, afirmó que la demanda por la Ley de Amnistía fue admitida por unanimidad.
La Ley de Amnistía otorgó la extinción de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos durante el conflicto en el territorio salvadoreño.
La ley prohíbe que se condenen o se persiga a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra, autores materiales e intelectuales ya fueran por parte del Gobierno, el Ejército o la Guerrilla.
En 1991 se condenó a dos de siete militares imputados como autores materiales en el caso del asesinato de 6 jesuitas (cinco españoles y un salvadoreño) además de su ama de llaves y su hija, sin embargo estas personas recuperaron su libertad por la ley que ahora se pretende anular en 1993.
La Asamblea Legislativa justificó en su momento la constitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
En caso de ser derogada la Ley, el estado tendría que perseguir los casos provocados por los actos militares durante el conflicto y a los oficiales que los dirigieron material e intelectualmente, sin embargo, la derogación de la misma ley permitiría se abrieran causas contra la dirigencia del la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder.
En especial el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha sido acusado de ser hechor intelectual y haber dado ordenes directas a su lugarteniente Mayo Sibrián, del asesinato de las hermanas Pocasangre y docenas de actos violentos durante la guerra.
Además, una gran cantidad de actuales funcionarios públicos podrían ser investigados por acciones militares de guerrilla que costaron la vida a miles de salvadoreños.
