Gobierno salvadoreño descarta pedir Comisión contra la Impunidad

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El gobierno de El Salvador descartó rotundamente el martes solicitar una comisión internacional contra la impunidad, similar al CICIG que funciona en Guatemala.

“Este gobierno descarta la posibilidad de solicitar algún mecanismos de intervención ya que consideramos contar la con la institucionalidad suficiente, con los mecanismos constitucionales suficientes para poder resolver nuestros propios problemas”, afirmó el secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas.

El tema ha tomado fuerza en sectores opositores al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, luego que el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon dijo a periodistas durante su reciente visita al país, que podría ser de ayuda contar con un comité similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para combatir la corrupción, el crimen organizado y la escalada de violencia que sacude a El Salvador.

Los periodistas le preguntaron al consejero Shannon si consideraba viable instalar una CICIG en este país, y respondió que sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional, advirtiendo que en Guatemala ha dado muy buenos resultados.

Durante la administración anterior, también del FMLN, el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, en un “rampage” de persecución política contra los gobiernos previos envió un equipo de trabajo para evaluar las posibilidades de instalar un CICIES en el país.

Ante las voces que consideran la necesidad de instalar en el país una comisión semejante, Chicas manifestó que, “estamos siempre abiertos al mundo para el diálogo, para el intercambio, para conocer de otras experiencias, pero intervención en ese sentido consideramos que, ni constitucionalmente existe el espacio para eso, ni políticamente existe tampoco espacio para eso”.

Añadió que “tenemos una institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz (que pusieron fin a 12 años de guerra 1980-1992) que nos ha permitido contar con los resortes, los mecanismos, los soportes institucionales para resolver nuestros propios problemas”.

En Guatemala, las investigaciones lideradas por el CICIG han logrado la renuncia de la vicepresidenta y la captura de varios funcionarios públicos por actos de corrupción que le han costado al Estado millones de Quetzales. La presión de esas investigaciones mantienen la presidencia de Otto Pérez Molina en vilo, luego que la población en general demanda su renuncia basada en los resultados de las investigaciones del CICIG.

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