Guatemala nombra nuevo ministro Gobernación tras polémica renuncia en medio de protestas

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El gobierno de Guatemala nombró el martes a un militar retirado como ministro de Gobernación, ante la controvertida renuncia el día anterior de otro militar en retiro que era el responsable de la política de seguridad pública en medio de protestas que ya dejaron un muerto y al menos dos heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Gobernación oficializó a Byron René Bor Illescas como titular de la cartera. El general de brigada del ejército, en situación de retiro, ocupaba antes el cargo de asesor del despacho superior de ese ministerio.

El nombramiento ocurre un día después de la renuncia a la cartera de Gobernación de Napoleón Barrientos, lo que abrió cuestionamientos sobre la posible división en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en torno a cómo resolver las protestas que se han extendido en Guatemala por tres semanas.

Estará en el cargo durante los menos de tres meses de mandato que le queda a Giammattei hasta el traspaso de poderes al presidente electo, Bernardo Arévalo, el próximo 14 de enero.

Barrientos, militar con rango de general de brigada retirado, renunció el lunes después de que se iniciara una investigación por la muerte de una persona por arma de fuego cerca de uno de los bloqueos de carreteras.

El gobierno recalcó en su comunicado del martes, acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, que las autoridades “continuarán con el respeto al Estado de derecho y actuando bajo el marco jurídico vigente” para mantener “el orden público y la paz social”.

Miles de indígenas mantienen desde hace 16 días movilizaciones en las que piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, en protesta por las investigaciones judiciales que ha liderado contra el partido del presidente electo, Movimiento Semilla, por fraude electoral y otros delitos que, de ser ciertos, empañarían la legitimidad de Bernardo Arévalo.

Según analistas políticos, la salida del ministro Barrientos respondió a la manera en que gestionó el uso de la fuerza pública ante los bloqueos en el país.

“Se hizo desde el ejercicio del derecho humano de la protesta y ha sido dentro del marco de normativa y protocolos de la Policía Nacional Civil, basados en el uso proporcional de la fuerza, lo que no ha sido del agrado de varios sectores”, dijo Francisco Jiménez, ex ministro de gobernación y experto en temas de seguridad.

Aunque no dio a conocer públicamente los motivos de su salida del cargo, en el que llevaba 21 meses, una carta de renuncia publicada por medios locales hace referencia a que Barrientos defendió su gestión en un momento de “alta conflictividad social” en Guatemala y que se mantuvo “en un marco de legalidad, siempre privilegiando el respeto a los derechos humanos”.

La fiscal general, Consuelo Porras, objetivo de las protestas ciudadanas, exigió e insistió el lunes ante la Corte Constitucional que el ministro fuera destituido por no acatar una orden de la misma corte de que se despejen los bloqueos viales que mantienen al país estancado. 

Porras, algunos empresarios y políticos pedían incluso utilizar la fuerza contra las protestas y así normalizar el país.

El ministro saliente, sobre quien recaía la responsabilidad de mantener el orden público y las decisiones sobre movilizar a la policía, intentó priorizar el diálogo con los representantes comunitarios, quienes llegaron a reunirse con el presidente Giammattei sin llegar a ningún acuerdo. 

En una entrevista a una radio local la semana pasada, Barrientos indicó en respuesta a una pregunta periodística que si llegaba a plantearse su renuncia al cargo sería cuando le exigieran acatar órdenes ilegales.

Guatemala vive momentos de mucha tensión por las investigaciones que mantiene la fiscal general contra el proceso electoral, donde investiga varias denuncias contra el presidente electo Bernardo Arévalo, contra su Movimiento Semilla y contra los magistrados electorales y miles de ciudadanos que participaron en la recepción, conteo y resguardo de votos.

La fiscalía investiga si hubo fraude, si el partido Semilla se inscribió con firmas falsas y si el sistema de cómputo de votos usado para mostrar un conteo rápido fue sobrevalorado.

Esa actuación, apegada a derecho, derivó en la convocatoria de protestas de sectores indígenas y campesinos, en algunos casos violentos, que se prolongan por 16 días.

Organismos internacionales, como la OEA, de manera intervencionista, tratan de evitar la judicialización del proceso electoral y pretenden se desechen los cargos contra Semilla sin importar la legalidad del país.

Mientras, las organizaciones que han provocado los daños provocados por los cierres insisten en la salida de Porras, así como de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana que validó las acciones de la fiscalía.

Las organizaciones indígenas pidieron el martes la destitución de Orellana señalándolo de revelar información reservada de los casos.