El Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Sánchez Cerén decidió dejar a la Fiscalía General de la República (FGR) fuera de las instituciones que recibirán parte de los $17,754,300 recaudados a través de los impuestos extra para financiar la seguridad de los próximos tres meses. La propuesta de gabinete a la Asamblea Legislativa, priorizó el financiamiento del transporte del equipo aéreo de la Fuerza Armada.
La comisión de hacienda de la AL aún no ha decidido si aprueba la propuesta tal y como la presentó el gabinete, dejando afuera a la Fiscalía, o si pide una nueva propuesta que incluya al ministerio público.
La decisión del gabinete de seguridad está siendo seriamente cuestionada por los distintos sectores de la sociedad incluidas las organizaciones que frecuentemente critican algunas formas de proceder de la FGR.
El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humano. De los tres entes el de mayor responsabilidad corresponde al Fiscal General a quien corresponde defender los intereses del Estado y de la sociedad, su principal tarea es la de promover, de oficio o petición de parte, la acción de la justicia en defensa de la legalidad. El correcto funcionamiento de la Fiscalía General de la República es para el Estado mucho más importante que el equipamiento de la Fuerza Armada.
Los recursos que le están ninguneando a la Fiscalía proceden de un impuesto especial a la telefonía y el impuesto a los grandes contribuyentes. De esos impuesto el Estado ha percibido un total de $111,315,722. de los cuales la Fiscalía solo ha recibido $7.1 millones que le fueron otorgados mediante un decreto legislativo de mayo de este año.
Jurisdiccionalmente, la Fiscalía debe estar por encima de cualquier gabinete y sus recursos, además de lo que se le asigna en el Presupuesto de la Nación, deben ser suficientes para cumplir su mandato constitucional.
La propuesta del gabinete de seguridad detalla que si los $17 millones son aprobados por la Asamblea sin hacer o pedir modificaciones, el Ministerio de la Defensa recibirá $6.8 millones. De esos, $2.5 millones serán destinados a cubrir el “costo del transporte aéreo de la Fuerza Armada para combatir a la criminalidad”. Luego, $200,000 serán destinados para apoyar a las familias de militares asesinados.
El resto, es decir los otros $4.1 millones, será para pagar el bono trimestral a los 13,918 militares que se encuentran desplegados en todo el país acompañando a los policías en tareas de seguridad.
El documento que presentó el Gabinete de Seguridad también detalla que $8.9 millones serán para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y que serán “repartidos” entre la Secretaria de Estado, los bonos trimestrales para los miembros de la Policía del nivel básico, superior y ejecutivos; para pagar motoristas y agentes supernumerarios que le dan protección a los testigos “criteriados” y la Dirección de Centros Penales. En la propuesta del gabinete de seguridad a la Asamblea Legislativa no figura la Fiscalía General de la República.
